No puede haber negociación en Nicaragua con interlocutores presos o en el exilio

Oscar-René Vargas

Cualquier conflicto sociopolítico termina con una negociación o acuerdos, las guerras terminan de la misma manera. No se puede finalizar ningún conflicto sin negociación o acuerdos.
En mi escrito del 8 de enero titulado “2019: la fase pos-Ortega”, analizábamos que el debilitamiento del régimen, su aislamiento internacional, la crisis económica y el deseo de los poderes fácticos, nos indicaban que entre enero y febrero se iniciaría una negociación a la crisis actual sociopolítica.
Los acontecimientos posteriores refuerzan nuestro análisis de que la negociación será inevitable y expedita: el inicio del proceso de la Carta Democrática Interamericana, las declaraciones del Vaticano y del gobierno de México, la renuncia del exmagistrado Solís y del superintendente Urcuyo, la crisis interna del partido de gobierno ya que existe un sector que es favorable a la negociación.

Los contactos del gran capital con el gobierno para encontrar una salida a la revuelta social, la voluntad política del Nuncio Apostólico, acompañado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en promover las negociaciones; son los nuevos ingredientes que nos indican de la cercanía de una negociación.
Es en ese contexto que aparece la oferta de México para mediar en la crisis sociopolítica nicaragüense. El ofrecimiento del gobierno mexicano es respaldado por diversos diputados y senadores de distintos partidos políticos.
El Vaticano ha expresado en varias ocasiones su deseo de que en Nicaragua encuentre el camino del diálogo; es decir, de una negociación. El papa Francisco lo ha manifestado tanto el 24 de diciembre 2018, como el 7 de enero 2019.
La combinación México-Vaticano es lo puede dar pie a un inicio de negociaciones en el país, es la posibilidad más concreta desde mayo 2018.
México tiene muchos intereses económicos e influencia política en la región centroamericana. En los años ochenta, México tuvo presencia política en la solución de los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
El problema migratorio de Guatemala, Honduras y El Salvador también le preocupa al gobierno mexicano por sus repercusiones al interior de la política mexicana.
Por lo tanto, desea tener una presencia política en la solución de la crisis sociopolítica de Nicaragua; así como ver en las soluciones de las caravanas migratorias de los países del triángulo del norte de Centroamérica.
El hecho que no haya asumido la misma posición del Grupo de Lima y que no haya hablado su representante en la última reunión de la OEA nos indica que México desarrollara una política independiente y diferenciada de la línea política de los EEUU.
El deseo que el gobierno quiera facilitar una negociación en crisis nicaragüense, no significa que el gobierno mexicano esté a favor del gobierno Ortega-Murillo.
Tampoco podemos prescindir de que al interior del gobierno de López Obrador existen sectores favorables al régimen Ortega-Murillo, alimentado por la tradición de que la diplomacia mexicana del PRI histórico, de donde proviene López Obrador, de tener una política internacional diferenciada de EEUU.
Algunos creen que el gobierno Ortega-Murillo es progresista, hay que facilitar a los políticos progresistas el Informe del GIEI, tanto en su versión ejecutiva como la versión completa.
Lo más probable es que haya sido el mismo Ortega que haya solicitado la participación de México en unas negociaciones, por sugerencia cubana. Desde hace muchos años la cancillería mexicana tiene muy buenas relaciones con el gobierno cubano.
No es México el punto débil en las futuras negociaciones, son los negociadores participantes en ella: representantes del capital, partidos políticos comparsas y la ausencia de los verdaderos dirigentes de la lucha social que se encuentra en el exilio, en prisión o clandestinos. Por lo tanto, el principal problema es quiénes serán los negociadores por la oposición real.
El verdadero liderazgo del movimiento social son los que están presos, exiliados o en la clandestinidad. Por eso motivo, el punto principal al iniciar la negociación debe ser la liberación de todos los presos políticos, el regreso de todos los exiliados, la garantía de las libertades básicas (de reunión, de expresión, de movilización, etcétera) y el desarme total de los paramilitares con garantías de los organismos internacionales que han dado seguimiento a los acontecimientos de los últimos meses (ONU, OEA, Amnistía Internacional, etcétera).
Estos son factores importantes en cualquier negociación, de lo contrario significaría que el régimen Ortega-Murillo no quiere realmente negociar. Si no se cumplen esas condiciones es imposible negociar.
¿Qué ganaría Ortega-Murillo al iniciar una negociación? Sería el atrasar o suspender la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), ya que su aplicación sería el final del gobierno Ortega-Murillo.
Si Ortega-Murillo no procede a negociar, aceptando los puntos iniciales, el proceso de aplicación de la CDI avanza y la dictadura quedaría más aislada, sin acceso a ningún crédito internacional, congelamiento de todos los bienes del gobierno y del ejército en el exterior, aplicación de sanciones a mas funcionarios violadores de los derechos y/o corruptos. Este escenario conduciría, inevitablemente, a la posterior capitulación del régimen Ortega-Murillo.
Hay que estar claro que el régimen Ortega-Murillo no tiene margen de acción, que los opositores al gobierno estamos en mejor posición en una futura negociación. Tenemos que aprovechar las condiciones internas y externas para facilitar la salida de Ortega-Murillo del poder.
No podemos perder de vista que a un tipo de lucha (los tranques, las marchas, etcétera) le sigue otro (las negociaciones), la lucha no tiene fin hasta alcanzar la caída de la dictadura.

 

 

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