¿Qué pasa cuando no se aplica la justicia a los causantes de crímenes contra el pueblo?

Nuevas Miradas

La impunidad, el no cumplimiento de la justicia en casos de culpables de crímenes, masacres o asesinatos de líderes en protesta, llevó al fracaso la rebelión cívica de los estudiantes salvadoreños y otros sectores en 1940, tras el derrocamiento del dictador Maximiliano Hernández Martínez.

El dictador Hernández Martínez aplastó un intento de insurrección armada lo que le permitió consolidar su dictadura de corte fascista.

Hernández Martínez aprobó una serie de medidas económicas para afrontar la crisis que vivía el país ante la caída de los precios del café, entre ellas la condonación de las deudas a los hacendados cafetaleros y la creación del Banco Hipotecario, entidad financiera estatal que concedió créditos a los terratenientes.

Derivado de estas medidas que dejaban en la orfandad a los sectores populares, los estudiantes universitarios se levantaron, llamaron a otros sectores como transporte, obreros, trabajadores del Estado y otros a realizar protestas cívicas que el dictador no podía aplacar con las armas porque estaban desarmados.

Pese a los ruegos de la alta jefatura militar para que les autorizaran disparar a los manifestantes, Hernández Martínez se negó a hacerlo. Esa protesta se denominó “Huelga de brazos caídos”, acción que llevó al derrocamiento del dictador en 1944.

Después de este triunfo cívico, no hubo justicia para los militares que cometieron masacres y crímenes y eso permitió que le siguieran gobiernos de corte militar y con políticas similares a las adoptadas durante la dictadura; es decir, gobiernos herederos de Hernández Martínez.

A propósito de lo que ocurre hoy en Nicaragua, la culminación de una rebelión cívica contra una dictadura, fenómeno muy parecido al salvadoreño de los años cuarenta, el investigar del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana, UCA, Mario Sánchez explica por qué fracasó esa lucha.

Prevaleció el “martinismo” sin Martínez

Según el historiador Armando González, durante la época martinista, (1931-1944) los militares tomaron posiciones claves en el aparato de Estado, sin embargo, tras la caída del dictador se abrió la posibilidad de reencauzar al país por la senda del republicanismo democrático liberal, tal como lo pretendía el general Andrés Ignacio Menéndez (1879-1962).

Es decir, al dejar el poder Hernández Martínez vientos de cambio soplaron en El Salvador. Así, las protestas que forzaron su salida no sólo proporcionaron nuevo aliento al proceso de organización de los trabajadores –detenido violentamente en 1932—, sino que dieron paso a la irrupción política de las clases medias que se convirtieron, desde ese entonces, en agentes dinamizadores del cambio político.

González recuerda que desde los preparativos de la “huelga de brazos caídos” hasta su culminación exitosa, el papel de los sectores medios fue decisivo.  

A su vez, se abrió un intenso debate constitucional, en el cual tuvieron participación los líderes políticos, editorialistas, militares, sindicalistas, profesionales, estudiantes universitarios e intelectuales. A partir de ese momento, y a lo largo del siglo XX, las clases medias han estado presentes, como protagonistas, en las principales etapas del proceso socio-político nacional. Junto a ellas, a partir de 1932, los “militares jóvenes” comienzan a representar una tendencia, al interior del Ejército, de resistencia a los militares de línea dura, más conservadores y reacios a aceptar cualquier reforma-alteración del orden establecido.

 

 

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