Los paramilitares y el fascismo

“La mejor arma política es el terror. La crueldad impone respeto; los hombres podrán odiarnos, pero no queremos su cariño, sólo queremos su miedo”.

Heinrich Himmler. (Alto dirigente del partido nazi y Comandante en Jefe de la SS, Escuadras de Defensa).

Oscar René Vargas

Desde hace casi medio siglo –desde mediados de los años 80 hasta hoy– la sociedad nicaragüense está hundida en la barbarie, se acostumbra a ella, la naturaliza. Nicaragua se ha transformado en un pueblo herido por la injusticia, la ambición, la corrupción y la represión criminal.
En la conciencia histórica de los nicaragüenses pesan los horrores del derrotado somocismo, siguieron los miles de muertos de la guerra de los años 80, la represión campesina selectiva de los noventa, y la represión generalizada desde abril 2018.
Grupos de paramilitares fuertemente armados entran y salen de fincas intervenidas por el Estado a los narcotraficantes, a bordo de camionetas Toyota Hilux, sin placas, propiedad del FSLN o de las alcaldías en poder del orteguismo de varios municipios de Nueva Segovia y Madriz.
Los paramilitares, en el norte del país, en la región de Las Segovias, superan los quinientos miembros. Los paramilitares usan antifaz negro y vestimenta camuflada; portan escopetas calibre 12 y 18, fusiles AK, pistolas Makarov y revólver 38.
Las actividades de los paramilitares provocan la zozobra y refuerzan el temor de los ciudadanos, ya que el camino hacia la democracia está brutalmente obstaculizado por una patología de horror todavía presente.
Las actividades de los paramilitares producen vergüenza, repudio y dolor colectivo por el bloqueo al proceso de humanización para vivir sin temor ni humillaciones.
La represión indiscriminada refuerza el mensaje de que el gobierno no quiere justicia sino venganza, porque del seno de las fuerzas paramilitares aún persisten en continuar la guerra sin reglas contra el enemigo interno, que puede ser un estudiante, un campesino, un indígena, un afrodescendiente, en fin, un excluido del poder hegemónico, un otro, un distinto, un ajeno, un “de a pie”, un nadie.
De los informes de prensa y medios de comunicación se pueden extraer descripciones que concluyen en que está vigente el horror en las acciones de los paramilitares.
Los paramilitares agarran a un campesino, lo desaparecen, lo torturan, mutilan su cuerpo, lo asesinan a sangre fría en estado de indefensión, cavan una fosa para esconder el cuerpo y luego inventan la increíble historia de un combate con fuerzas irregulares o narcotraficantes.
Los victimarios en su formación doctrinaria muy seguramente aprendieron a despreciar la vida humana y les resultó fácil convertir a los estudiantes y/o ciudadanos en un enemigo que podía ser aniquilado y así lo hacen.
Lo que nos demuestra que no han sido superados los crímenes de estado en el nivel de ejecuciones extrajudiciales con alto grado de sadismo y humillación contra la población civil indefensa.
Los hechos evidencian un espíritu nazi vigente, que agrieta las bases de la confianza entre el estado y la sociedad y entre particulares, con lo cual gana la barbarie, que impide la convivencia y la humanización del país.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó las muertes por la represión generalizada del régimen como “crímenes de lesa humanidad”.
Esos hechos son crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados con el rigor de las reglas del Derecho Internacional Humanitario y los responsables materiales e intelectuales puestos a disposición de jueces imparciales. Es un crimen de estado, no un hecho aislado entre particulares.
Los responsables de la represión pueden ser juzgados en un tribunal extranjero ante la ausencia de un poder judicial independiente en el país, como parte del proceso de justicia universal.
Los mensajes de odio, y miedo a regresar al horror ya vivido, combinados como fórmula de gobernabilidad autoritaria, hacen pensar que el país podrá terminar destruido, mutilado, castrado, descuartizado y sometido a la degradación y el horror.
Los hechos de barbarie ejecutados por los paramilitares se resisten a dejar avanzar hacia la sociedad de derechos en la que todos puedan celebrar la vida.
Las torturas no son simples abusos de poder de unos policías y/o de paramilitares, es una estrategia del gobierno Ortega-Murillo. Ellos están en guerra, no gobernando el país.
El otorgamiento de la personería jurídica a la “Asociación Consejo Defensores de la Patria Comandante Camilo Ortega Saavedra” (CODEPAT), el 24 de abril 2019, conformada por retirados militares y miembros de la extinta Seguridad del Estado; tiene el objetivo de legalizar y organizar a los grupos de choque y paramilitares que el régimen orteguista ha utilizado para reprimir a la población.
La CODEPAT no sólo pretende aglutinar, organizar, estructurar, reclutar y representar a los exmilitares sino a jóvenes de las pandillas y delincuentes. Es una organización con todas las características fascistas, al sostener que, entre sus objetivos, van a defender los valores de la patria.
¿Es posible modificar la cultura política y la actitud concreta de los paramilitares hacia la población? A la luz de la experiencia vivida, la respuesta es negativa. Los aparatos represivos al servicio del régimen Ortega-Murillo, con la constitución de la CODEPAT, reafirman su papel tradicional y demuestran no estar dispuestos a modificarlo.
Los paramilitares y paraestatales, con la formación de la CODEPAT, buscan estrechar una relación con las fuerzas del ejército y policiales, aprovechando la autoridad que puedan tener algunos de los oficiales retirados sobre los oficiales más jóvenes; es decir, su objetivo es tener un influjo en los estudiantes militares, los cadetes y los oficiales jóvenes tanto en el ejército como en la policía, para el mantenimiento de la dictadura.
Los paramilitares justifican la dictadura, la niegan o la minimizan. Los paramilitares jugaron un papel decisivo en los desmantelamientos de los tranques, en la represión indiscriminada y en el encarcelamiento de muchos jóvenes y ciudadanos autoconvocados. La experiencia acumulada, desde abril a la fecha, nos permite constatar dos cuestiones centrales: que los aparatos armados del Estado no han cambiado y no tienen ni la intención ni la posibilidad de hacerlo.
El problema de los cuerpos paramilitares, paraestatales y grupos de choques aglutinados en CODEPAT, y, al mismo tiempo, su persistencia en el papel represivo contra los pueblos y poblaciones, nos muestra los límites que tendrá que administrar el nuevo gobierno en el proceso de democratización de la sociedad nicaragüense.
Ciudadanos asesinados, estudiantes y mujeres valientes: historia de la represión generalizada. Los orteguistas se enojan por la verdad. No pueden negar la corrupción de los altos funcionarios ni la masacre policial y paramilitar contra los ciudadanos.
El fascismo está vigente. Sólo la continuidad de las luchas en defensa de la dignidad humana y la democracia pueden derrotarlo.

San José/Costa Rica, 12 de mayo de 2019.

 

 

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