El régimen Ortega-Murillo y sus inmediatas complicaciones

Oscar-René Vargas

La crisis sociopolítica es un evento que pone en máxima tensión todos los recursos y fuerzas del país. Esto quiere decir que la organización política, el desarrollo institucional, la cohesión ideológica, la fortaleza económica y el respaldo del pueblo al poder —que son factores vitales para su desarrollo— entran en crisis.

En cualquier otro país, un régimen como el de Ortega-Murillo ya habría caído. Las masivas manifestaciones callejeras, la represión generalizada, la presión diplomática internacional, las sanciones impuestas a altos funcionarios habrían llevado a la renuncia de un presidente. Sin embargo, el dictador y su círculo íntimo de poder sigue aferrado al cargo, apoyados por los paramilitares, la policía, los jueces y la complicidad pasiva del ejército.

En el mes de junio de 2019, se prevé el incremento de las sanciones a altos funcionarios de parte de la comunidad internacional y la posible limitación del acceso al financiamiento de los organismos financieros internacionales.

La persistencia del régimen Ortega-Murillo por permanecer en el poder, dejará a las instituciones públicas en bancarrota.

En el próximo mes, se presenta una serie de acontecimientos que tienden a complicarle la duración indefinida al régimen y a forzarlo a negociar una salida política.

En el mes de junio. Conoceremos la profundización de la crisis económica, la eliminación de los subsidios al consumo eléctrico a los sectores económicamente más vulnerables, incremento del costo de la canasta básica, mayor desempleo, caída del comercio, etcétera. Todo lo cual tiende a convertirse en un mayor descontento social en todos los sectores sociales.

01 de junio. Toma posesión el presidente Nayib Bukele en El Salvador; lo que implica un cambio en la correlación de fuerzas a nivel centroamericano con posibles repercusiones negativas en la gestión del régimen, para continuar obteniendo préstamos en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

  1. 13 y 14 de junio. Se vence el plazo de seis años para que la empresa china HKND muestre pruebas concretas de financiar la construcción del Gran Canal Interoceánico de US$ 50 mil millones de dólares; de lo contrario la ley puede ser derogada sin perjuicio para el Estado nicaragüense.

Los diputados orteguistas aprobaron el 13 de junio de 2013 la Ley 840, o Ley del Gran Canal Interoceánico. Un día después, el 14 de junio, Ortega firmó con Wang Jing, empresario chino, el Acuerdo Marco de Ejecución e Implementación donde le concesionó el territorio nicaragüense por cien años.

La cláusula 15.21 del Acuerdo Marco refiere que, si el cierre financiero del subproyecto no ha ocurrido dentro de 72 meses a partir del 14 de junio de 2013, “entonces el Gobierno o el patrocinador correspondiente tendrán el derecho de terminar la concesión para tal subproyecto y todos sus derechos, beneficios y obligaciones según el presente Acuerdo”.

Desde hace tres años no se sabe nada de Wang Jing ni el gobierno Ortega-Murillo han vuelto hablar sobre el Gran Canal, evidenciando el fracaso del proyecto. Por lo tanto, se debe de exigir la derogación de esa ley. De facto está derogada por incumplimiento.

16 de junio. Elecciones generales en Guatemala para presidente y diputados. Existe la posibilidad de que el nuevo gobierno no tenga la misma posición de “neutralidad” del gobierno saliente en relación a la crisis nicaragüense. En Honduras se vive una profundización de la crisis sociopolítica por las protestas masivas de los maestros y trabajadores de la salud. Estos son elementos que debilitan a los aliados pasivos del régimen en Centroamérica.

18 de junio. Se vence el plazo establecido, el 27 y 29 de marzo, en las negociaciones con la Alianza Cívica para liberar a todos los presos y presas políticas.

21 de junio. Se vence el plazo de 180 días de la aprobación de la Ley Nica Act por la cual el Secretario de Estado de EEUU debe presentar su reporte al Comité del Congreso norteamericano, sobre los actos de violación de los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero de funcionarios del gobierno de Nicaragua.

26 al 28 de junio. La crisis de Nicaragua será uno de los dos temas urgentes que tratarán los cancilleres latinoamericanos durante la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Medellín, Colombia. Se espera que se tracen soluciones políticas para superar la crisis, y que antes de la reunión el gobierno nicaragüense cumpla con los acuerdos firmados en el diálogo nacional.

Se abordará la crisis de los derechos humanos y los continuos abusos perpetrados por el gobierno de Nicaragua. Se contempla la posibilidad de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, lo que implica limitarle la posibilidad de la obtención de préstamos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo que dice el artículo 21 de la Carta de Democrática Interamericana (CDI) es que, si “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA”.

“El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”.

De esos enunciados no se puede inferir, como creen algunos analistas, que en el caso de la aplicación del artículo 21, el régimen Ortega-Murillo sea considerado como “usurpadores de cargos públicos”.

El régimen ha entrado en etapa histórica de agonía, pero los miembros de la “nueva clase” no tienen otro asidero que sus mantras. Son parte del poder, pero ahora se les escapa de las manos. Intentan recuperar el poder perdido, y por eso no cesan de apoyar al régimen y a los paramilitares.

La prueba mayor del decaimiento del régimen y su discurso es ver ahora cómo el centro neurálgico de este sistema, el vértice Ortega-Murillo, ha entrado en una crisis irreversible dejando al gobierno en una noche negra y desconocida.

Las incursiones de los paramilitares en las diferentes ciudades constituyen actos de intimidación y hostigamiento contra los ciudadanos en resistencia, significan una agresión al derecho de manifestación pacífica y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población.

La represión indiscriminada y la militarización de las ciudades es evidencia de debilidad, no de poderío. El poder más eficiente es invisible, porque normaliza. Se instala y se presenta como natural o normal, y eso es lo que ha perdido el régimen desde abril 2018.

Los miembros de la “nueva clase” se van quedando con un discurso vacío, pues el sistema que tantos bienes les obsequió hace agua irremediablemente. Los miembros de la “nueva clase” intentan recuperar el poder perdido, pero es un intento estéril. No habrá vuelta atrás.

San José/Costa Rica, 28 de mayo de 2019.

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