El tic-tac del reloj político suena en nuestros oídos cada más fuerte

Oscar-René Vargas

El reloj político tiene un tic-tac menos constante que cualquier otro reloj. Está lleno de oscilaciones. Nunca hay continuidad lineal en la creación de propuestas políticas novedosas. Hemos entrado en la fase de agotamiento del régimen luego de más una década de gobierno autoritario.
Abril 2018 fue el inicio de una nueva era, llena de incógnitas. En política no se puede pretender pronósticos tan exactos como en física. Son suficientes si indican correctamente la línea general de desarrollo y ayudan a orientar el curso real de los acontecimientos.
El régimen ha perdido una buena parte de su base social, la gente está cansada. Sin economía próspera no puede mantener su política social basada en el clientelismo político.
Sería en vano intentar prever, en este momento, el curso futuro de la crisis sociopolítica y el destino de cada uno de los protagonistas, incluso de aquellos que todavía albergan ilusorias esperanzas de permanecer al margen del desenlace final.
Entre 2007 y 2018, para afianzarse, el régimen Ortega-Murillo requirió del acaparamiento directo de todos los órganos de poder e instituciones de dominación, de dirección y de educación; el aparato del Estado y el Ejército, la Policía, las municipalidades, las universidades, las escuelas, los sindicatos, etcétera.
Para consolidar el autoritarismo, el régimen necesitó controlar las formas y procedimientos de las acciones de las instituciones estatales, sino, ante todo, y, sobre todo, impedir el surgimiento de los movimientos sociales en diferentes partes del país.
El gobierno Ortega-Murillo, régimen de servilismo organizado, significó una degeneración social y ética-moral de los poderes fácticos. El enriquecimiento de la nueva oligarquía se dio a costa del empobrecimiento de la población. El mantenimiento de la crisis significa más pauperización de la clase media y deslizamiento de los pobres hacia la pobreza extrema y/o la marginalidad.
El régimen Ortega-Murillo es un sistema político sobre la base del exterminio de todos los elementos de la democracia. Su objetivo no consiste solamente romper a los movimientos sociales, sino también a mantener a toda la sociedad en un estado de fragmentación sociopolítica forzosa.
Esto quiere decir, destruir todas las organizaciones autónomas y voluntarias de derechos humanos, de mujeres, de estudiantes, etcétera, en los distintos departamentos y aniquilar todos los puntos de apoyo de las protestas sociales.
Se ha producido un desplazamiento del centro de gravedad político desde la Asamblea Nacional y del gabinete de gobierno, que abdicaron a su papel, hacia los generales del ejército, los paramilitares y la Policía; es un hecho consumado. Los fusiles son los instrumentos para salvaguardar la dictadura.
La organización departamental de los sandinistas históricos, nombre para encubrir y legitimar a los paramilitares, tiende a convertir que cada territorio sea gobernado por bandas armadas con autonomía de acción, aunque con una dirección de coordinación nacional.
Esto quiere decir que el régimen ya no puede apoyarse en una “opinión pública domesticada”, necesita de un aparato militar paraestatal. Lo que demuestra que el régimen está en la lógica de prepararse para una guerra que ellos desean fomentar; al activar, organizar a los paramilitares.
El régimen está decidido a no ceder nada. Quieren asestar golpes fuertes a los movimientos sociales y/o la muerte. El régimen no se puede mantener en el poder si no es destruyendo los movimientos sociales; es decir, mantiene la lógica de “el poder o la muerte”.
A falta de una negociación política propiamente dicha, y después de seis meses desde los acuerdos de finales de marzo de 2019, todo va en relatos. Relato sobre la no negociación, relato sobre la no liberación de los presos políticos y un relato sobre las elecciones. Es la lucha política por otros medios: “no decir las cosas como son”.
Si por razones tácticas se “oculta las verdaderas demandas” de los ciudadanos, no es más que el miedo a expresar ideas concretas e indica el deseo de salvaguardar la ambigüedad política para dejar abierta la posibilidad de un pacto político.

Estamos en presencia de la lucha de poder, entre un César en caída que no quiere dejar el gobierno acogiéndose a la utilización de los paramilitares, y la Alianza Cívica con muchos pretendientes a ser un nuevo César.
No podemos olvidar que los procesos sociopolíticos se realizan a través de las personas, y las influencias personales específicas pueden acelerar, retrasar o truncar estos procesos.
La terquedad del régimen de no querer negociar una salida política tiende a imponer miseria, desesperación en amplios sectores de la población y una crisis de larga duración.
Esta dictadura no es estable, poco durable, está poco segura de sí misma por las condiciones nacionales e internacionales. Vivimos el preludio del derrumbamiento del viejo equilibrio sociopolítico cuyo vértice de poder es Ortega-Murillo.
La lucha de los movimientos sociales ha sido capaz de oponer resistencia a la voluntad del régimen de consolidarse en el poder e impedir un pacto político a la vieja usanza.
La próxima batalla política todavía no se ha disputado. Todavía la tenemos por delante. Estamos en la pausa de antes de la batalla decisiva, pausa que precede al choque decisivo de las fuerzas opuestas.
En política no puede cometerse peor error que el de actuar en base a preconceptos tomados del pasado y que se refieren a relaciones de fuerza ya superadas. Limitarse a exigir solamente elecciones generales, es trasladar la política del reino de la realidad al de los sueños. Por si mismas, las elecciones no pueden producir un cambio en el centro de gravedad del poder.
Aceptar, a priori, la permanencia de Ortega-Murillo hasta el 2021 significaría reconocer de antemano una derrota; significaría la capitulación sin luchar. La gran mayoría de los ciudadanos autoconvocados, no quieren nada de eso.
La permanencia en el poder del régimen Ortega-Murillo sólo sería posible al costo de terribles sacrificios y a la devastación de toda una generación a través del desempleo, la ruina de campesinos y de la pequeña burguesía, la quiebra del seguro social, la reducción de los salarios reales y la miseria de los sectores empobrecidos.
No hay que esperar nada bueno del régimen Ortega-Murillo. Es un gobierno de destrucción, de degradación de los derechos de  los ciudadanos, sin ninguna visión sobre el futuro, sin programa de desarrollo; no está calificado para ejercer el poder en beneficio del pueblo. Es por eso que dice tantas mentiras.
En la política nacional, aparentemente, las brújulas están desimantadas y las bolas de cristal no funcionan, salvo que miremos a elemento determinante: la economía.
Una profundización de la recesión agarra al régimen sin herramientas para afrontarla, lo que implica una pérdida de confianza de todos los actores económicos y de los poderes fácticos, para superar la actual crisis sociopolítica.
La fuerza de los poderes fácticos no reside en su capacidad de establecer cualquier clase de gobierno en cualquier momento en cualquier momento de acuerdo a sus deseos; no poseen esa facultad.
Su fuerza reside en que todo gobierno se ve obligado a tomar en cuenta a los poderes fácticos o, mejor dicho; los poderes fácticos cuentan con la posibilidad de influir, a cada gobierno que cae, por otro que se adecúe mejor a las cambiantes condiciones sociopolíticas.
Sin embargo, el paso de un gobierno a otro implica una crisis política que, con la actividad sociopolítica de los ciudadanos, se puede transformar en un cambio no controlado por los poderes fácticos.
La caída de la dictadura no dejará intactas las relaciones sociales; el objetivo de los poderes económicos es conservar, en lo fundamental, la pirámide social, y, mantener su influencia.
Ni el régimen Ortega-Murillo ni los partidos políticos tradicionales ni los poderes fácticos tienen la capacidad de convencer a los ciudadanos de que tienen la solución.
La única fuerza política que tiene la capacidad de solucionar la crisis, es el movimiento social aglutinado en un frente unitario con un programa mínimo de convergencia.
Esto obliga al movimiento popular a hacer una reflexión. Si el movimiento popular cae en el juego de los partidos tradicionales se corre el riesgo del abrazo del oso. Una alianza con los partidos tradicionales y/o con los dinosaurios políticos sería un factor de debilitamiento.
Tenemos que tener en cuenta que en la historia política nacional siempre ha aparecido alguien que, no necesariamente por dinero, sino por ambición, termina fragmentando las fuerzas políticas del cambio.
Si queremos ganar esta batalla política, tenemos que identificarla entre democracia versus pacto político y/o dictadura.

San José/Costa Rica, septiembre de 2019

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