Lea la letra pequeña del Proyecto de Presupuesto General de la República

Oscar-René Vargas

El presupuesto de gastos totales proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para el año 2020 es de C$ 80,901.6 millones de córdobas (equivalente a US$ 2,400.64 millones de dólares a una tasa de cambio de C$ 33.70 córdobas por dólar).
Eso significa que habrá un incremento del +01 por ciento en comparación al 2019, lo que representa C$ 887.1 millones de córdobas adicionales (equivalente a US$ 26,323.4 millones de dólares).
Para el 2020, los ingresos de recaudación total previstos ascienden a C$ 79,199.0 millones de córdobas (equivalente a US$ 2,350.11 millones de dólares).
En los ingresos tributarios pronosticados en el Presupuesto General de la República 2020, los impuestos a la producción de bienes y servicios a las empresas y a los consumidores, ascenderán a C$ 73,548.6 millones de córdobas, equivalente a un incremento del +0.2 por ciento en relación a 2019.
El techo de ingresos del “Presupuesto General de la República 2017” fue de C$ 72,804.4 millones de córdobas (US$ 2,426.8 millones de dólares a una tasa de cambio de C$ 30 córdobas por dólar). Mientras que los gastos eran de C$ 80,008.1 millones de córdobas (US$ 2,666.9 millones de dólares).
Por lo tanto, tanto los ingresos y los gastos del gobierno están previsto a ser menores en el 2020 en comparación al año 2017, calculados en dólares, tanto en los ingresos como los gastos. Lo que nos demuestra la profundidad de la recesión en curso.
El déficit presupuestario global del 2020 se calcula en C$ 1,702.5 millones de córdobas (equivalente a US$ 50,519.28 millones de dólares); déficit que se piensa cubrir con la cooperación externa (donaciones y préstamos), con la venta de bonos públicos e impuestos.
En el 2020, en la suma de recursos externos, donaciones y préstamos, se esperan obtener C$ 11,133.1 millones de córdobas (US$ 330.36 millones de dólares) que significaría una disminución de 8.9 por ciento en relación al 2019 cuando alcanzó C$ 12,224.2 millones de córdobas.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), el Programa de Inversiones Públicas (PIP) de 2020 sufrirá un recorte de C$ 2,268.5 millones de córdobas respecto de 2019.
En el 2020, para el PIP se destinará C$ 14,888.6 millones de dólares, mientras que el 2019 el presupuesto del PIP tenía asignado la cantidad de C$ 17,157.1 millones de córdobas. Lo que equivale a una contracción de menos -13.22 por ciento con relación al año 2019.
En el 2017, antes de la crisis de abril 2018, el PIP recibió la cantidad de C$ 19,222.8 millones de córdobas. Es decir, la inversión en los Programas de Inversión Pública (PIP) se redujo, en el 2020, en menos -22.57 por ciento con relación al año 2017 en córdobas corrientes.
De acuerdo con el proyecto del Presupuesto General de la República 2020, el PIP será financiado en un 51.5 por ciento con recursos propios -equivalente a C$ 7,670 millones córdobas-; un 42.5 por ciento con préstamos -correspondiente a C$ 6,328.5 millones de córdobas-; el 7.0 por ciento con donaciones –o sea, C$ 890.1 millones de córdobas-.
Mientras la inversión en el PIP del 2020, se reduce en un menos -13.22 por ciento, el gasto corriente aumentará en C$ 1,889.7 millones de córdobas al pasar de C$ 61,770.2 millones en el 2019 a C$ 63,669.9 millones de córdobas en el 2020. O sea, un incremento de +3.07 por ciento.
El mayor golpe en la caída del PIP lo sufren las transferencias a los municipios, lo que indicaría que se producirá un incremento de la pobreza en la mayoría de los municipios dado que depende altamente de las transferencias del gobierno central para las inversiones municipales.
En la lógica del régimen le dan más importancia a pagar planilla de las personas que trabajan en el Estado o de las personas que no trabajan, pero reciben un salario por la política de clientelismo político.
En esta fase recesiva, el Estado no tiene la capacidad de seguir manteniendo los privilegios de la elite empresarial. Tiene que disminuir o acabar con la “bolsa empresarial” (subsidios) que representan las exoneraciones fiscales a las grandes empresas. La realidad limita al régimen a implementar la política de subsidios al gran capital; sin embargo, en las negociaciones debajo de la mesa con los grandes empresarios ese es un punto a negociar.
El Presupuesto General de la República 2020 (PGR-2020) prevé, también, el fin a la “fiesta de las donaciones y de los préstamos internacionales”, lo cual ha obligado al régimen a congelar los salarios a los empleados, eliminar el subsidio energético a los sectores más vulnerables y hacer un cambio en el deslizamiento del córdoba respecto del dólar en detrimento de los jubilados y los exportadores.
El proyecto del Presupuesto General de la Republica 2020 (PGR-2020) no contempla recursos para el subsidio al servicio de energía eléctrica a los asentamientos y barrios económicamente vulnerables. Con esta supresión, más de 30 mil hogares comenzarán a pagar normal la tarifa energía eléctrica.
La política energética ha sido perdonar deudas a la empresa distribuidora DISNORTE-DISSUR, propiedad de la familia presidencial y allegados, mientras eliminan los subsidios a los sectores vulnerables. Dicha compañía distribuidora no ha hecho nada para reducir las pérdidas, al contrario, cada año se incrementan.
La única forma de mantener al sector eléctrico ineficiente ha sido hacer aumentos a los consumidores. El meollo del problema son los generadores y la empresa distribuidora; los generadores porque fueron contratados con precios altos.
Desde el inicio de la crisis, abril 2018, el costo de la energía eléctrica en Nicaragua ha venido incrementando, en 2018 el alza de la tarifa fue de 4.56 por ciento en el sector residencial.
Entre enero y octubre de 2019, la energía ha incrementado un 16.29 por ciento y se prevé que estas continúen, debido a que la distribuidora no ha resuelto el problema de las pérdidas y lo trasladan al consumidor. Los incrementos se están aplicando a partir del 1 día de cada mes.
Si se compara con Guatemala, que tiene la energía más barata de la región centroamericana, el costo de la electricidad en el sector residencial es un 165 por ciento más cara.
El nuevo precio por megavatio se aplica en cada uno de los escalafones que componen el pliego tarifario, que abarcan la tarifa residencial, comercial, industrial y de irrigación. Los costos ineficientes del distribuidor no se deberían de trasladar a la tarifa del consumidor.
Estos aumentos constantes en el precio de la energía se dan en medio de la recesión económica, cuando la canasta básica ronda los C$15 mil córdobas, el combustible se incrementa cada semana y el desempleo sigue en ascenso. Todo lo anterior, ha implicado un efecto negativo directo a los hogares y a las personas jubiladas.
Los aumentos en el precio de la energía tendrán efectos en el incremento de la inflación, la pérdida de competitividad, el alza de los precios de la canasta básica y en el incremento de la cartera de impago. En dos años, 2018 y 2019, el incremento tarifario acumulado será, a finales de 2019, de 25 por ciento.
De acuerdo con el intelectual Fernando Bárcenas, el incremento de ingresos de las dos distribuidoras, por el alza de la tarifa, al aplicarle una indexación constante mensual, llega a US$ 120 millones de dólares anuales para el total de energía vendida. Es mucha plata sustraída a los consumidores.
Se dice que la mora con las distribuidoras asciende a US$ 10 millones de dólares, con los US$ 120 millones de dólares sustraídos anualmente a los usuarios de la energía eléctrica por disposición arbitraria del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), las distribuidoras reciben anualmente 12 veces más que la mora.
El sistema tributario ha sido una de las principales expresiones de la desigualdad social. Algunos ejemplos: quien tiene un automóvil debe pagar un impuesto anual, mientras que los dueños de yates y jets no pagan ni un real. Esta tasa, extremamente asimétrica, hace que las clases bajas y media sostengan el aparato estatal, mientras que los súper ricos no pagan o pagan muy poco en impuestos.
El próximo gobierno tiene que hacer una reforma tributaria progresiva, con un aumento de la imposición sobre la renta, el patrimonio, las ganancias y los dividendos.
Es imperioso gravar la renta y el patrimonio para crear condiciones con el fin de reducir gradualmente la alta tributación al consumo y la producción.

San José/Costa Rica, 31 de octubre de 2019.

Comparte:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Content is protected !!