Poderes fácticos internos o cómo la dictadura ha diezmado a las instituciones y poderes, menos a uno: el movimiento social

Nuevas Miradas

En esta tercera entrega del análisis que hace Oscar René Vargas, el autor hace un recorrido minucioso sobre el comportamiento de los poderes que han perdido el peso de la balanza para una democracia auténtica. Desde el vergonzoso papel de los partidos tradicionales, hasta el comportamiento inútil de un ejército y una policía sobre la cual recae el mayor peso de las muertes a través de fuerzas paramilitares, nunca ancladas en el país.

 Poderes fáticos internos

Oscar René Vargas

Tercera entrega de la primera parte

La primera gran manifestación popular, de la UCA a la Upoli. Archivo / NM

En política los tiempos cuentan. Es más, hacer política es saber medir los tiempos cuentan. Se dice fácil. Es mucho más difícil conciliar la inteligencia con la pasión a fin de alcanzar los objetivos políticos.

El buen político convierte el tiempo en ventaja. A veces, la información que recibes de tu adversario es más útil para establecer los tiempos políticos.

Los poderes fácticos, tanto de tipo financiero y económico como social, político e institucional, ejercen una enorme influencia en la definición de los parámetros de la vida y la lucha sociopolítica del país.

La hegemonía financiera

En las últimas décadas (1990-2019), el sector bancario y financiero consolidó su dominio sobre la economía. Las transacciones e inversiones se hicieron y se hacen cada vez más a la imagen y semejanza de la circulación del capital financiero.

El ciclo del capital productivo se fue subordinando cada vez más a los dictados de los intereses del sector bancario. Y las prioridades de la política macroeconómica se convirtieron en simple reflejo de las necesidades de los bancos y demás agencias del sector financiero.

La tasa de rendimiento promedio del capital ha estado en los últimos años por arriba del aumento del salario mínimo y de las remuneraciones medias nominales por persona ocupada. Por ello tenemos una creciente inequidad en la distribución del ingreso.

Impacto en la distribución del ingreso

Hay una profunda inequidad en la propiedad de los activos que impacta negativamente en la distribución del ingreso.

Más riqueza implica más ingreso y viceversa, principalmente entre aquellos cuyas percepciones provienen de la renta de la propiedad.

Los poderes fácticos del capital pueden, según las circunstancias, gobernar valiéndose de diferentes sistemas y métodos políticos. Así, el gran capital, en su trayectoria histórica, gobernó a través de los gobiernos conservadores, durante la dictadura somocista, en los años ochenta, en los gobiernos neoliberales y también durante la dictadura Ortega-Murillo.

Todas estas formas de gobierno conservaron el carácter de capitalismo dependiente, permitieron la concentración de las riquezas en pocas manos, beneficiando a los “de arriba” y empobreciendo a los “de abajo”.

Los poderes fácticos se atraen, aunque no necesariamente se identifiquen, sobre todo si a una de las partes le falta la convicción que a la otra le sobra.

La parasitaria presencia del régimen

La notoria debilidad, ineptitud y afán de enriquecimiento de los poderes fácticos económicos y financieros favoreció que el régimen Ortega-Murillo tomara derroteros de cínica autorregulación, descarado disfraz de abusos, fraudes y engañifas contra el desarrollo, la identidad y la autoestima del pueblo que pretendía gobernar.

Ortega, como si fuera un personaje del Señor de los Anillos, ha sido incapaz de sustraerse al influjo más perverso y negativo del poder y se ha convertido en un dictador como los Somoza.

Los poderes de las elites en el fondo tienen algo de miedo de las movilizaciones sociales. No hay nada que asuste más a los poderes de las elites que una manifestación en la calle, en la plaza o una marcha, donde puede pasar cualquier cosa.

Las calles, las rotondas y las plazas son los lugares donde se hace visible lo invisible. Las calles, las rotondas y las plazas son espacios de las visibilidades, donde no se pueden ocultar los conflictos sociales y políticos. Se nutren de los mismos problemas que las alteras.

Las calles son los que son, porque reflejan lo que pasa en la sociedad: es un escenario político social por naturaleza. Las contradicciones que hay en la sociedad se escenifican en las calles, en las rotondas y en las plazas, en definitiva, son un teatro de las demandas y los conflictos donde las personas “de a pie” se pueden manifestar y expresar su disgusto o rechazo al poder.

Cuando el poder autoritario tiene miedo y reprime a los ciudadanos “de a pie” que se manifiestan en los espacios públicos abiertos es un síntoma que el proceso social comienza a tener presencia en las decisiones de la política nacional.

La negación de los procesos sociales

Los acontecimientos sociales y políticos de las sociedades maduran en la sombra, sin ningún tipo de control; los hechos que han madurado llegan a confluir y articularse de manera no visible para el establishment local; entonces parece ser la fatalidad lo que lo arrolla todo y a todos; para el poder el surgimiento del movimiento social se debe a una enorme conspiración, negando el desarrollo subterráneo de los procesos políticos y sociales.

A pesar de la represión generalizada, hoy Nicaragua es distinta, sin los funcionarios corruptos pavoneándose en las calles porque la gente se manifiesta públicamente contra ellos; les hace saber que son indeseables, despreciables, reprochables, miserables.

Se lucha contra ellos, contra sus prácticas y su manera de esparcir odio y mentiras. Familia Ortega-Murillo. Existe un grupo de unas 200 personas alrededor de la pareja presidencial que operan con mentalidad de cartel (familia ampliada, miembros de la nueva clase y altos miembros del aparato del estado).

Una historia de familias

La historia política de este país ha sido historia de familias. Este nuevo grupo de poder familiar ha cooptado todos los poderes del Estado.

En el correr de los años demostraron que entre más poder fueron adquiriendo más soberbio se volvieron, comenzaron a cometer muchos errores y aislarse de la realidad del país. Con la sanción del gobierno de Estados Unidos contra Rafael Ortega Murillo, a las empresas DNP-Petronic, Inversiones Zanzíbar y El Goliat se conoció un jugoso negocio de la familia presidencial, incubados a la sombra de la corrupción del dinero de Venezuela y del poder desmedido del régimen Ortega-Murillo.

Eje monopólico sin leyes ni reglas de juego

En doce años (2008-2019) de construcción del eje monopólico DNP-Petronic, este negocio que no conoció leyes, reglas del juego, ni de límites ni de moral. DNP-Petronic (propietaria de los tanques de almacenamiento de combustibles, gasolineras y distribuidoras de combustibles) operó todo este tiempo a sus anchas, no pagó los impuestos que le correspondían, sobre todo el de la renta, con lo que incurrieron en una gigantesca evasión fiscal.

El grupo económico Ortega-Murillo obtuvo ganancias, por el control de los combustibles, por encima de los US$ 720 millones de dólares en una década. A eso hay que agregarle los contratos de las empresas Zanzíbar, Goliat y muchos otros negocios que pasaron “invisibles” en este período, para el gran público, como restaurantes, tiendas duty free en el aeropuerto.

Además, tienen escondidos miles de millones de dólares en cuentas off shore en los paraísos fiscales. Sus activos son vastísimos, desde hoteles, haciendas ganaderas y cafetaleras, hasta generadoras de energía, Poder Ejecutivo/ Gobierno: El poder presidencial domina los otros poderes del Estado (Legislativo, Electoral, Judicial). Desde el 2007, el poder ejecutivo, en manos de Ortega-Murillo, ha logrado concentrar el poder total y reforzar el autoritarismo.

La estrategia del régimen ha sido crear la “presidencia imperial” donde no hacen falta argumentos ni razones. No se requiere convencer ni consensuar, solamente ordenar.

La elección de los funcionarios del Estado se hace con la lógica de consolidar todo el poder en la “presidencia imperial”. El actual control del poder que tiene Ortega nunca lo tuvo ninguno de los Somoza.

Dónde está asentado el régimen

La fuerza del régimen se basa en seis puntos: a) alianza con sectores del capital privado en manos de la nueva oligarquía nacida al amparo del poder; b) control de las fuerzas de seguridad tanto de la policía como del Ejército; c) control mayoritario de los medios de comunicación, d) cooptación de los movimientos sociales afines al gobierno; e) subordinación de los otros poderes del estado, de los alcaldes municipales y de los partidos zancudos; y, f) apoyo de los paramilitares y grupos de choque. Todos estos son los sectores que sostienen a la dictadura.

El poder ejecutivo es el punto clave de todo el país, ya que desde ese centro se configura el desarrollo de todos los demás niveles de poder, considerados como “periféricos”.

El poder ejecutivo controla la autoridad central y definitoria del país, característica que se ve reflejada también en el control de los aparatos del Estado: sistema judicial, sistema electoral y los aparatos de seguridad (ejército y policía). La judicialización de la política y la conocida falta de independencia del poder judicial respecto al poder político central es un claro ejemplo de la subordinación del sistema judicial al poder ejecutivo y su utilización como órgano de represión.

Una debilidad del régimen es la corrupción y la desigualdad. Por ejemplo, en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se han producido erogaciones por miles de millones de dólares por adquisiciones no financieras violentando la ley, sin licitaciones en beneficio de miembros de la “nueva clase”. Macrocorrupción que se da, también, en otras instituciones del estado.

El ocaso del partido de gobierno

Partido de Gobierno: Depende directamente de Ortega-Murillo. La militancia ha dejado de lado la lucha de clases, la lucha ideológica; ahora es la lucha por los puestos. Los nuevos militantes “carnetizados” (la mayoría de ellos empleados públicos y sectores juveniles) quienes han convertido su militancia en un “modus vivendi”, prefieren no pensar y seguir las consignas desde arriba para mantener sus puestos de trabajo e ingresos.

La mayoría de las personas que hoy ocupan los principales cargos de gobierno están imbuidas de un espíritu de pandilla, un pacto de sangre, en el que todos defienden a todos. Dentro de esa lógica nunca se emprenderá acciones legales contra quienes se le atribuyen actos no transparentes con el dinero público del Estado.

Retener el poder es un imperativo insoslayable para la “nueva clase”, porque el poder, para ellos, es como el oxígeno que les permite mantener sus privilegios e incrementar su acumulación de capital.

En el partido de gobierno las relaciones se basan por el grado de incondicionalidad, satelismo y lacayismo, y se considera solo militantes aquellos que incondicionalmente aceptan todo y son incapaces de discrepar absolutamente nada.

Los partidarios del gobierno Ortega-Murillo reciben las siguientes orientaciones: tú no piensas, solo obedeces; tú no actúas, solo ejecutas; tú no decides, solo cumples; tú vas a ser la mano y la voz de la voluntad del caudillo y de la “heredera”.

La política autoritaria militarista de mando vertical no deliberativa, permite que los abusos de poder se vean normales. A nombre de la supuesta “segunda etapa de la revolución” se fueron borrando, poco a poco, los límites entre lo público-estatal y lo público-partido-familia presidencial.

Cuando la familia presidencial consideró que las fronteras entre lo público-estatal y lo público-partido-familia constituyen separaciones que deben ser superadas en nombre de la revolución, se van diluyendo la frontera entre lo público y lo privado. De esta manera se crearon las condiciones políticas-institucionales para la masiva corrupción que ha caracterizado al gobierno Ortega-Murillo en todos los niveles.

Las primeras manifestaciones de crisis y distanciamiento de las bases del partido de gobierno se expresaron en las elecciones del 2016 y 2017. La abstención en esas elecciones de una parte considerable de su base social demostró que la política clientelar había comenzado a ser aguas.

Solamente el 10 por ciento de la población ha recibido láminas de zinc, el 4 por ciento juguetes para los niños, 2 por ciento animales de granja y 1 por ciento semillas para siembra o alimentos. Es decir, el clientelismo político practicado con el dinero venezolano no tuvo las repercusiones sociopolíticas permanentes, tuvo un efecto transitorio por las limitaciones de alcance que tuvo y por la corrupción que se practicaba en direcciones de los diferentes proyectos; eso trajo como consecuencia cierto malestar entre la población pobre.

El distanciamiento de esa base social descontenta y volátil, el voto blando, se fue incrementado, poco a poco, por las medidas autoritarias que muchos de los dirigentes locales, municipales, barriales y nacionales ejercían cotidianamente. Fenómeno que no fue percibido por la cúpula política del régimen, posiblemente los informes alterados de sus responsables.

Los primeros asesinados fueron estudiantes. Archivo / NM

La debacle después de abril 2018

La crisis de abril 2018, lo que hizo fue incrementar ese distanciamiento y descontento debido a las muertes, heridos, presos y desaparecidos que el régimen Ortega-Murillo ha implementado y que han afectado directamente e indirectamente a la base social amplia que tenía el partido de gobierno.

Después de abril 2018, muchos “militantes carnetizados” expresan su desacuerdo con la política del régimen. A partir de abril 2018, el partido de gobierno ha perdido mucho de su base de social. Por el abandono de muchos principios originales, y por su sectarismo, su arrogancia, su negativa a renovarse, y con los principales cuadros señalados como corruptos, el partido de gobierno dejó de ser un partido progresista.

Aunque han impulsado algunos proyectos sociales, a la vez, los han usado para enriquecerse. Recurren al pasado sin mirar hacia el futuro, y esto hace que el FSLN se encuentre encallado.

El hastío por los partidos políticos tradicionales

Partidos de Oposición: La crisis de los partidos políticos tradicionales se conoce desde las elecciones de noviembre de 2016 cuando cerca del 70 por ciento de los votantes no acudió a las urnas. Los mismo sucedió en las elecciones municipales de noviembre 2017.

Los partidos políticos que participaron en esa contienda electoral “amañada” fueron los partidos políticos zancudos o comparsas.

Desde esa fecha se hizo evidente el deterioro de los partidos zancudos en imaginario colectivo de la población. Muchas personas, cuando les preguntan sobre los partidos políticos piensan inmediatamente en los partidos comparsas que no tienen ninguna credibilidad.

Ortega, al transformar a los partidos en zancudos los deslegitimó antes los ojos de la población. Los políticos tradicionales piensan que no hay gobierno que funcione sin el aceite de la corrupción. La corrupción lubrica, sostienen. Ortega-Murillo aprovecho esa visión de la política para corromperlos y comprarlos.

La lucha contra la corrupción requiere una revolución cultural, en la cultura política. La crisis sociopolítica de abril 2018, vino a demostrar la ausencia de legitimidad y de protagonismo de los partidos políticos tradicionales en la búsqueda de solución a la actual crisis.

La “oposición comparsa”

Es decir, la crisis terminó de profundizar la debacle de los partidos políticos zancudos. Los ciudadanos, en sus demandas en las calles, nadie levanta la consigna a favor de ningún partido político comparsa.

Todos hablan de la necesidad de crear una nueva estructura política para terminar con la dictadura Ortega-Murillo. Los “dirigentes” de los partidos zancudos no se vieron en las marchas, los que quisieron aprovecharse del descontento popular fueron abucheados, desaprobados, criticados por los ciudadanos autoconvocados.

La llamada “oposición comparsa” está subordinada y dependiente del poder presidencial, son eslabones de dominación de la “presidencia imperial” que le sirve y apoya. Los partidos comparsas y/o zancudos, son una oposición formal al gobierno Ortega para el cual son funcionales. Los partidos 20 zancudos hasta ahora han votado todos los proyectos en la Asamblea Nacional, sin diferenciarse del gobierno.

Existe un interés del régimen de revivir a los partidos comparsas. Posiblemente en un diálogo ampliado van aparecer algunos dirigentes de los partidos zancudos. Sin embargo, no tendrán ninguna legitimidad de cara a la población.

En la oposición real hay diferentes corrientes conectadas a las luchas sociales. Hay una búsqueda de encontrar un programa mínimo para actuar coordinadamente. La verdadera oposición se encuentra en la resistencia ciudadana.

Por qué se hace difícil la unidad

Sin embargo, existe una corriente que está a favor de una política de apaciguamiento para favorecer una “salida en frío”. Con el objetivo de debilitar a la oposición real el régimen OrtegaMurillo actúa de diferente manera: intimidando y represión a los líderes excarcelados y a los ciudadanos autoconvocados; impidiendo el regreso el liderazgo que permanece en el exilio; cerrando la opción de la negociación para mostrar su incapacidad política; reviviendo a los partidos políticos tradicionales ya sea zancudos o no (PLC, CxL, APRE, ALN, PC, PLI); y fomentando las divisiones internas a través de los infiltrados en las diversas organizaciones. Capital Local / Gran Capital (Cosep).

Los grandes capitales han tomado distancia Ortega-Murillo. Ellos habían dado la sombrilla empresarial al régimen, a cambio de un buen ambiente de negocios para obtener ganancias extraordinarias. Habían preferido hacerse de la vista gorda frente a la demolición completa de la oposición política y al acaparamiento absoluto de todas las instituciones y poderes públicos.

Hoy tienen temor de pagar los costos de su insensatez, por eso se aferran a una “salida al suave” que significa el “orteguismo sin Ortega”. El sector del gran capital es responsable que Nicaragua esté retrasada en la modernización de la economía, porque no tienen una visión empresarial realmente efectiva. En su lógica, persiste una adhesión al paternalismo porque esperan que el gobierno resuelva todo en lugar de emprender proyectos propios de largo plazo, buscan la rentabilidad de sus inversiones vía exoneraciones y se apegan a inversiones especulativas que les rindan ganancias de inmediato.

Existe una “combinación perversa” entre el régimen, que se empeña en negar la magnitud del atraso del país y los empresarios nacionales, que no invierten en proyectos a largo plazo.

El gremio de los grandes y medianos capitales no representa a más del 5 por ciento de todo el empresariado nicaragüense, donde más de dos tercios de las empresas son informales.

Las ventajas de este grupo son formidables bajo el régimen OrtegaMurillo, solo las exoneraciones fiscales que reciben representan entre el 8 por ciento y 10 por ciento del PIB (aproximadamente US$ 1,000 millones de dólares anuales). Antes de abril 2018, el gran capital era aliado del régimen; a partir de abril, toma distancia; sin embargo, son favorables de una “salida al suave” a la crisis sociopolítica.

Según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), hasta el 06 de septiembre 2018 tenían registro de 9,800 manzanas que habían sido afectadas por invasión ilegal, de las cuales 2,483 manzanas, propiedades pertenecientes a extranjeros y a miembros de la “nueva clase”, habían sido desalojadas por la policía.

A finales de 2019, 7,317 manzanas de tierras siguen ocupadas en ocho departamentos del país. Esto ha provocado pérdidas por US$ 17.1 millones de dólares a 36 propietarios asociados a UPANIC y no así otros afectados que no pertenecen a esa organización. Nueva clase: Ortega, al carecer cada vez más de principios, motivaciones ideológicas e ideas propias, sólo tiende a confiar en lo más primitivo y ancestral: los lazos de sangre de la familia directa, para mantener el poder.

La “nueva clase” padece el síndrome estalinista de que no hay que cuestionar a quien conduce el gobierno, ellos lo ven de la misma manera como el que conduce un automóvil, al cual no hay molestarlo, no importa que esté borracho o lleve a sus pasajeros al abismo.

La “nueva clase” son los miembros del “partido oficial”, los que están en el gobierno, que se han enriquecido gracias al poder presidencial y al dinero venezolano.

Son aliados del gran capital, aunque sean aliados coyunturales por el momento, aunque desean ser reconocidos como parte de la clase dominante. Los favores del gobierno al sector permitieron el enriquecimiento extraordinario de muchos y el surgimiento de un grupo de millonarios desde el 2007 a la fecha.

El hermano del presidente, Humberto Ortega, hace pública, el 04 de julio, una carta en la que propone adelantar las elecciones presidenciales como la salida pacífica a la crisis que vive el país. Sin embargo, no menciona en ninguna ocasión la represión impuesta por su hermano.

Reconoce que existen fuerzas militares irregulares e ilegales y aboga por el desarme de los grupos parapoliciales a cambio de quitar los tranques.

El 11 de diciembre de 2019, en un campo pagado, nuevamente pide elecciones para resolver la crisis sociopolítica y la liberación de todos los presos políticos.

Un año atrás, el presidente Ortega acusó a su hermano menor de ser un peón de la “oligarquía” del “imperio”, en alusión al gran capital y a Estados Unidos. Humberto Ortega se presenta como el portavoz de la “nueva clase” enriquecida al amparo del gobierno Ortega-Murillo y desea ser un puente de negociación con la oligarquía y la vieja burguesía.

De qué depende que haya elecciones adelantadas

Todos ellos son favorables por una “salida al suave” de la crisis, que significaría mantener un “orteguismo sin Ortega-Murillo”. A mi criterio, el adelanto de las elecciones va a depender de cuatro factores básicos: 1) La presión internacional. 2) La presión de la calle. 3) Las negociaciones del régimen con el gran capital. 4) La correlación de fuerzas entre las diferentes corrientes de la cúpula gubernamental.

Hay que tener en cuenta que al interior del círculo íntimo del poder existen al menos dos tendencias bien definida. Una favorable a una salida negociada con el objetivo de preservar los bienes adquiridos, conservando una fuerza social y política considerable que le permita tener un espacio en el escenario nacional.

La otra es favorable a continuar la represión, aplicando el método de eliminar a los principales líderes de la rebelión, de los tranques y los intelectuales críticos más visible en el panorama nacional.

Los dos brazos de la Iglesia

Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN): Antes de abril 2018, estaba dividida un sector mayoritario a favor de mantener un perfil bajo y amigable con el gobierno.

Un sector minoritario más crítico al proceso político-social encabezado por Ortega-Murillo. Después de abril 2018, se mantiene las dos corrientes, aunque con menor peso el sector favorable a mantener un perfil amigable hacia el régimen, debido principalmente a la represión que ejerce el régimen hacia sectores importantes del clero en diferentes departamentos del país.

La CEN propuso a Ortega, el 7 de junio 2018, adelantar los comicios generales de noviembre de 2021 al 31 de marzo de 2019, sin que él pueda presentarse a la reelección, para superar la crisis. Los obispos de la CEN, se pusieron al lado de los jóvenes y de los ciudadanos, los acompañaron y abrazaron sus demandas democráticas; pero, sobre todo, hicieron una férrea defensa de la vida de los pobladores sublevados contra el autoritarismo.

Daniel Ortega, en el discurso del 19 de julio de 2018, cargó contra los obispos de la CEN, a quienes tildó de “golpistas”. El actual Nuncio Apostólico, representante del Estado Vaticano, es un aliado del gobierno Ortega-Murillo. Desde un comienzo la mediación del Nuncio ha servido para legitimar al régimen OrtegaMurillo.

Todo parece indicar que el representante del Vaticano es favorable a una “salida al suave” de la crisis sociopolítica. Al lograr el exilio del Obispo Báez, el Vaticano le lanza un salvavidas al régimen a pesar de que no ha cumplido ninguno de los acuerdos firmados el 27 y 29 de marzo de 2019.

La salida de Báez es parte de la estrategia para implementar un pacto entre los poderes fácticos. El 24 de septiembre 2019, el dictador acusó a los Estados Unidos, a la Iglesia Católica, al empresariado y la sociedad civil por alentar las protestas sociales.

Se mantiene el distanciamiento entre la Iglesia y el régimen. Muchos sacerdotes y algunos obispos tienen una posición favorable a las demandas de los ciudadanos: democracia, justicia, reparación, libertad a los presos políticos y cese de la represión.

El retiro del apoyo financiero de 38.2 millones de córdobas del presupuesto a las diferentes iglesias del país, la persecución contra sacerdotes, intimidación a los fieles y acoso a los templos católicos es parte del menú de la política represiva del régimen.

Los pastores del régimen

Iglesia Evangélica: Representa alrededor del 35 por ciento de los creyentes nicaragüenses. La Asamblea de Dios es la denominación mayoritaria. Muchos pastores son asalariados del régimen, otros tienen diferentes beneficios.

Dividida un sector mayoritario a favor de mantener un perfil bajo y amigable con el régimen. Un minoritario más crítico al proceso político-social.

Un ambiguo Ejército

Ejército Nacional (EN): El 12 de mayo 2018, el Ejército emitió un comunicado ambiguo, a través del cual hacía un llamado a la no violencia, respaldaba el diálogo y a la Conferencia Episcopal, pero no condenaba las muertes provocadas por las fuerzas paramilitares del Gobierno.

Posteriormente adoptaron la tesis del “golpe de estado”. Hay muchos indicios de la participación del personal militar activo en el desarme de los tranques.

Desde el 2007, los altos mandos han sido sistemáticamente cortejados por el régimen Ortega-Murillo, les han ayudado financieramente, le han cedido espacio en la administración del Estado o paraestatales como ALBANISA.

También el régimen les aumentó su presupuesto en un 7.59 por ciento anual en los últimos 12 años, el doble del crecimiento promedio anual del PIB de Nicaragua.

Los altos mandos militares han recibido apoyo gubernamental para crear empresas propias y, junto con muchos oficiales, se beneficiaron de una serie de ventajas salariales y laborales.

Los mandos superiores están alianza con el poder presidencial. Muchos de los altos mandos pertenecen a la nueva clase enriquecida al amparo del poder.

No hay ningún malestar evidente en la tropa. El poder fáctico que sostiene este modelo político familiar es el Ejército y la Policía. Toda crisis sociopolítica nacional tiene, inevitablemente, una repercusión en el Ejército.

La rebelión de abril 2018 supuso una extrema exacerbación de lucha sociopolítica en las ciudades y en el campo, y, por consecuencia, también en el Ejército.

Desde abril 2018, se han producido en el Ejército oscilaciones inevitables, se ha librado en él luchas internas no visibilizadas por el gran público.

Hay que tener la claridad política de que las fracciones más democráticas del Ejército no se pronunciarán, abierta y activamente, al lado de los ciudadanos insurrectos hasta que vean con sus propios ojos que los ciudadanos son capaces de vencer.

La estrategia implementada, por el alto mando militar en concordancia con el poder ejecutivo, ha sido pasar a retiro a los altos oficiales señalados por la inteligencia militar como simpatizantes de las protestas, evitando así, que sectores del Ejército pudieran apoyar las manifestaciones.

La tarea del régimen ha sido la de no permitir el acercamiento entre los ciudadanos insurrectos y el Ejército, para evitar la contaminación de la rebeldía ciudadana.

La inteligencia militar, con la asesoría cubana, trata de conocer el estado de ánimo de la mayoría de los altos oficiales del Ejército, quienes forman parte de la nueva clase enriquecida.

Así mismo, descubrir el posible malestar entre mayores, capitanes y tenientes que hacen de tripas corazón con sus salarios y ven sus pensiones en peligro de volatilizarse por culpa de un general sumiso que atornillándose en su posición ha truncado cientos de posibles ascensos.

Por último, el trabajo de la inteligencia militar es conocer el estado de ánimo de los soldados y suboficiales ya que pueden tener influencia, posiblemente, del descontento que viven sus familiares al igual que los ciudadanos en general por la crisis sociopolítica.

Policía carga el peso de la represión

Policía Nacional (PN): Al igual que en el Ejército, los mandos superiores de la Policía están alianza con el poder presidencial. Algunos de ellos pertenecen a la nueva clase enriquecida al amparo del poder.

La Policía en alianza con los paramilitares y grupos de choque son los principales actores de la represión social mientras la cúpula del Ejército sirve de soporte tanto a la Policía como al régimen.

Las mil versiones sobre los paramilitares y una realidad

En relación con los paramilitares, Daniel Ortega en declaraciones a diferentes televisoras internacionales manifestó cuatro versiones diferentes: a) eran grupos financiados por los partidos opositores; b) que eran financiados y entrenados por los Estados Unidos; c) que son policías voluntarios; d) que eran ciudadanos que defendiéndose de los ataques de los manifestantes.

Sin embargo, la población y la comunidad internacional saben que esos paramilitares obedecen al mandato del gobierno, que actúan junto con la policía y que gozan de la impunidad gubernamental.

La Policía actúa como una fuerza política y represiva al servicio de los intereses del régimen Ortega-Murillo, en contravía de su mandato constitucional de proteger sin distingo a todos los ciudadanos.

Las cúpulas de la Policía y Ejército están integradas a la nueva clase y son favorables a la recomposición de la alianza con el gran capital y al mantenimiento del régimen Ortega-Murillo.

La Policía, tanto como el sistema judicial elaboran sus mentiras oficiales para justificar sus crímenes, pero las evidencias de los hechos presentados por testigos que fotografiaron o filmaron con sus celulares derrumban cualquier acusación oficial que falsifican los hechos.

La Policía tienes doble rol, reprimir y atemorizar a la población con su presencia armada en las calles, ejecutar ataques violentos en diferentes ciudades del país, y proteger, encubrir y apañar a los paramilitares mientras estas hacen uso de la violencia.

En septiembre 2019, en el 40 aniversario de la policía, el régimen se apresuró a graduar nuevos cadetes y perros policía, tan mal entrenados los unos como los otros. Seiscientos ascensos en la policía –de rango la mayoría, no de posiciones de mando– con el objetivo de comprar fidelidad en una tropa que se ha convertido en el principal sostén de la dictadura.

Jóvenes, factores claves en el cambio

Juventud: El 70 ciento de la población es menor de 30 años. Hoy en día los jóvenes luchan por la ampliación de derechos humanos, sociales y políticos; y por la redistribución de la riqueza como algo inherente a sus vidas. El tema de la juventud es esencial.

En Nicaragua, de acuerdo con el informe titulado “Trabajo decente y juventud en América Latina, políticas para la acción” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2014, se estimaba que de los 1.2 millones de personas entre las edades de 15 a 24 años el 19.5 por ciento ni estudiaban ni trabajaban (los llamados ninis).

La gran mayoría de las personas de los desempleados y trabajadores informales la constituyen personas jóvenes y mujeres; la gran mayoría de ellos de extracción humilde y del interior del país. Ambos elementos explicarían que la gran mayoría de los jóvenes alimenta las protestas sociales abiertas o encubiertas contra el régimen.

Desde abril 2018, la gran mayoría de los jóvenes se ha expresado, de diferentes maneras, en contra del régimen Ortega-Murillo.

El problema de la falta de empleo para los jóvenes ha sido un detonante importante en la rebelión social. Los jóvenes en la batalla contra la dictadura han sido y son la palanca estratégica a favor del cambio que los políticos tradicionales olvidan.

Sin embargo, la falta de empleos, la recesión económica, la precariedad del salario, las malas condiciones sociales y la represión empuja a los jóvenes más conscientes a emigrar.

El régimen ha perdido al estudiantado, a la juventud en general como lo demostraron las corajudas protestas de los estudiantes en las promociones escolares en diferentes partes del país; sin embargo, no aseguran luchas inmediatas, ni masivas futuras resistencias en las calles.

Al interior de la Juventud Sandinista se practica el fanatismo político. Inevitablemente el fanatismo nos conduce al fundamentalismo. Un fundamentalista es alguien que cree que es dueño de la verdad, y por esa verdad es capaz de hacer cualquier cosa, incluso las que la mayoría de las personas consideramos éticamente reprobables: matar. La cultura de la muerte es también parte del fanatismo.

Sindicatos diezmados

Sindicatos. El Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideró que Nicaragua presenta una alta y persistente incidencia de informalidad en el empleo que comprende aproximadamente a 80 por ciento de los trabajadores del país.

El régimen Ortega-Murillo ha logrado reducir la lucha sindical a una demanda por el salario mínimo de los trabajadores activos y agremiados como productores y consumidores (que son sólo una parte menor de la clase trabajadora).

Los sindicatos y las centrales obreras pasaron a ser un instrumento del partido de gobierno. Fuera de los sindicatos quedaron los desocupados, los trabajadores precarios, los campesinos y la gran mayoría de las trabajadoras.

En los sindicatos, por encima de los afiliados, se construyó una losa de plomo, la burocracia sindical, que decide todo en nombre de los afiliados sin consultarlos, y que defiende antes que nada su organización como fuente de sus privilegios y prebendas, sin preocuparse por los intereses generales de los trabajadores.

Bajo la superficie del consumismo (utilizado como anestésico social), la cooptación de líderes sindicales intermedios se convirtió en una labor prioritaria del régimen y de los líderes sindicales.

La casta política/sindical –con sueldos superiores a los dos mil dólares mensuales– no tiene relación ninguna con la realidad social de la pobreza de la mayoría de la población. Y esa es la casta encargada de dirigir y orientar a los asalariados del país.

La mutación que se producido en los dirigentes de las organizaciones manipuladas por una burocracia que goza de los privilegios del poder y enriquecida inexplicablemente. Son los dirigentes del Frente Nacional de Trabajadores (FNT), de la Asociación Nacional de Enseñantes (ANDEN), de la Confederación General de Trabajadores José Benito Escobar (CGT/JBE), de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP).

La clase obrera no es muy numerosa, no hay debate ni discusión sobre las condiciones laborales. Los asalariados formales pierden, año con año, su poder de compra.

La tasa de empleo informal se ubica alrededor del 80 por ciento de la PEA. Desde el 2007 muchos sindicatos independientes murieron y otros se debilitaron hasta la irrelevancia por la represión, con lo cual desapareció el poder de negociación de los trabajadores.

No hay sindicatos independientes capaces de organizar una resistencia social a las políticas contractivas del régimen, cualquier intento de conformación de un sindicato independiente es reprimido ya sea con despido o prisión. Por ello, se consolidó el estancamiento de los salarios reales, rasgo negativo que perdura hasta la actualidad.

Esa parálisis en la evolución de los salarios trajo consigo una deficiencia en el mercado interno. Por otro lado, dirigentes sindicales admiten que los sindicatos afines al gobierno, han aceptado “solidariamente” la reducción de sus salarios en las maquilas para lograr que más empresas de este tipo se instalen en Nicaragua.

Campesinos son la punta de lanza del movimiento social

Movimiento Social: Ante de abril 2018, el movimiento social se movilizaba alrededor de temas como la migración, canal, minas, etcétera. Sin embargo, eran movimientos de poca repercusión nacional, salvo el movimiento campesino. Aunque tuvieran fuerte presencia a nivel local.

La única oposición social que amenazaba al poder autoritario es la lucha contra el canal. A partir de 2016 y 2017, las movilizaciones tuvieron mayor presencia que los años anteriores por el deterioro de la situación económica y social. ¿Cómo lo resolvió el gobierno? con más represión.

El éxito de las marchas de los campesinos por la derogación de la Ley 840 no viene dado por la revocación o no en la Asamblea Nacional de la ley, sino por la capacidad de situar en la agenda política nacional la necesidad de un proyecto diferente frente al proyecto autoritario de Ortega y de las élites. Ya sean las marchas de Rancho Grande rechazando la concesión minera o la marcha de San José de Bocay (Jinotega) demandando sus cédulas de identidad; significa, en definitiva, el surgimiento de un movimiento social no detectado por los políticos tradicionales.

Los movimientos sociales fueron incrementando su presencia, mayor cantidad de personas se movilizaban, aunque de manera dispersa y aislada. En el campo, dispersos y a cuenta gotas, los muertos pasan desapercibidos en la mayoría de los medios.

A partir de abril 2018, los movimientos sociales se transformaron en un actor de primer orden de la política nacional.

Los movimientos de estudiantes, de ciudadanos autoconvocados y de los campesinos adquirieron un peso político nacional considerable. La sociedad nicaragüense ya se hartó de falsas promesas repetidas hasta la náusea por muchas décadas. Las grandes mayorías quieren alternancia, pero no con partidos zancudos y representantes tradicionales que ya han probado ser la misma cosa con diferente cara, sino más bien con proyectos distintos y diferenciados de los que ahora repudian porque no las han beneficiado en ningún sentido.

En el transcurso del año 2018, se realizaron tres huelgas generales. La primera huelga nacional fue el 14 de junio, la segunda fue el 13 29 de julio ambas exitosas. La tercera huelga del 07 de septiembre, ha sido acatada por el 90 por ciento de la población, bancos, empresas, comercios, colegios, mercados, etcétera.

La represión y cancelación de su personería jurídica y expropiación de los bienes materiales de nueve Organismos No Gubernamentales (ONG), del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y de los medios de comunicación independientes (Confidencial y 100% Noticias), lo cual despertó un avispero de condenas internacionales que el régimen Ortega-Murillo no supo valorar previamente. Movimiento de Mujeres:

Antes de abril 2018, el movimiento de mujeres había renacido en la presencia local. Por ejemplo, Ocotal, la lucha contra la violencia de género, a favor del aborto terapéutico, etcétera). Después de abril, las mujeres han tomado las riendas de muchos liderazgos sectoriales y locales desde el inicio de las protestas.

Las madres de los caídos, de los presos políticos y de las organizaciones de los campesinos, las lideresas de los mercados han encabezado las marchas en diferentes ciudades.

En las fábricas maquiladoras hay aproximadamente unas 120 mil mujeres, el gremio laboral más importante del país. Sin embargo, el grado de organización es limitado por la represión extrema de los empresarios y del régimen.

Los intentos de demandar mejores salarios y la libertad organizativa han terminado en despidos, cárcel y violencia. Los abusos cometidos por agentes del Estado y empresarios contra los trabajadores de la zona franca se han incrementado. Usan la ley como instrumento de persecución política.

Por otra parte, el incremento del desempleo, producto de la crisis sociopolítica, hace que las trabajadoras de la zona franca prefieran conservar sus puestos de trabajo.

Las mujeres más jóvenes tienen dificultades para conseguir trabajo formal, salvo en las zonas francas, por el nivel de escolaridad, asociado a la pobreza y a la maternidad temprana.

Del total de embarazos que se registran en Nicaragua cada año, el 24.4 por ciento son de adolescentes, es decir, decir, 92 de cada 1,000 mujeres adolescentes entre 15 y 19 años son madres, siendo este país el que registra un mayor índice de embarazos en adolescentes en América Latina.

Arrinconamiento de los medios y periodistas

Medios de Comunicación: Controlados, la gran mayoría, por el poder presidencial ya sea directamente o por su alianza con el empresario Ángel González. Los medios independientes son clausurados o perseguidos.

Por ejemplo, entre octubre y noviembre 2019, el régimen ha cometido más de 120 delitos contra la libertad de prensa reprimiendo a los periodistas independientes.

El plan del gobierno Ortega-Murillo ha sido controlar todos los medios de comunicación independientes: Canal 10 de TV, sacar del juego al Canal 12 de TV, confiscar al Canal 100% Noticias, Confidencial, tener en la mira a Radio Corporación y destruir las radios Mi Voz y Radio Darío de la ciudad de León.

Suprimir radios locales de diferentes departamentos. La violencia contra los periodistas independientes se ha hecho costumbre. Sea por denunciar al autoritarismo, investigar la corrupción o evidenciar la impunidad, o la confluencia de todo ello.

El periodismo es víctima de una represión sin reglas donde el objeto es silenciar al mensajero. El avance de la democracia real requiere de un periodismo libre, de una prensa que pueda hablar, publicar y criticar sin cortapisas, porque no es el silencio, sino la palabra libre lo que fortalece a Nicaragua.

El periodismo libre no sólo es un derecho constitucional, sino también una mirada crítica que da vida y sustento a la democracia, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.

Si los medios callan, la democracia retrocede. Controlar, perseguir, suprimir los medios de comunicación independiente es indispensable tiene el objetivo para que la “vocería oficial única” es tratar de imponer a todos, una verdad única, para eso es necesario sobre los hechos pasados, presentes y futuros.

Si los hechos históricos reales no son conformes al dogma de la verdad única oficial que se quiere difundir, basta negar su realidad e inventar nuevos “hechos alternativos falsos”, con el fin de imponer la mentira institucional del Estado dictatorial como el “hecho real verdadero”.

El objetivo de la “vocería oficial” es que los ciudadanos pierdan confianza en los “hechos reales” y acepten los “hechos alternativos falsos”.

Muchos se enojan porque se sienten burlados, menospreciados en su inteligencia; otros se ríen y celebran burlonamente los dicharachos de la “vocera oficial”. Pero hay quienes ven más allá y descubren los hilos de la manipulación política, la escondida intención de distraer a la gente, desviándola en lo posible de sus preocupaciones válidas y cotidianas.

Hay que estar claro que el propósito de la “vocería oficial” es mantener el control sobre la población para que no se entere de los hechos reales que son contraproducentes para el régimen; para eso manipula la realidad de lo que está sucediendo y censuran las voces críticas.

El movimiento social no ha sido diezmado, al contrario, se fortalece. Archivo / NM

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