Treinta y cuatro variables del país más inestable de América Latina con una economía frágil, con un 10% de corrupción y un 80% de pobreza

El turismo, el sector más golpeado desde abril de 2018. Foto tomada de La Prensa / NM

Nuevas Miradas

Oscar René-Vargas, un verdadero topo de las cifras e informes económicos y sociales, ofrece 34 terribles variables de una economía enclenque, con un presupuesto que incrementa el gasto militar y donde sus habitantes apenas pueden adquirir el 29 por ciento de la canasta básica con lo que ganan.

El informe de Vargas rebate documentos, cifras furtivas, informes internacionales, frente a una crisis de cifras en lo interior del país porque el gobierno no informa, en absoluto, de su gestión estatal.

Las claves del 2020

Oscar René-Vargas

Quinta entrega, segunda parte del informe

Introducción

Hace veinte meses Ortega era omnipotente, omnipresente y omnímodo; ya no lo es. Perdió aliados de los poderes fácticos internos, se rompió el maridaje corporativista con el gran capital, perdió las calles, perdió base social, se ha dado a conocer internacionalmente como un déspota, asesino, mentiroso, violador de los derechos humanos.

Ha puesto al descubierto su plutocracia y el control de todas las instituciones del Estado. El gobierno Ortega-Murillo ha perdido la “sagesse”, que significa poseer sabiduría con una mezcla de conocimiento y experiencia y, al mismo tiempo, saber contenerse y mantener la cortesía para salvaguardar el consenso sociopolítico.

También han perdido la “discreción”. La “discreción” en política significa reserva, prudencia, pero también tacto, buen juicio y es, el uso mesurado e inteligente del poder.

Sus actos ilegales de poder se convirtieron en noticia de la prensa nacional e internacional. Si uno quiere caminar por un terreno escabroso y llegar con la cabeza y las dos piernas intactas deben mirar atentamente cuáles son los obstáculos y qué es lo razonablemente practicable para llegar a buen fin.

El capitalismo sin guantes en su funcionamiento esencial produce la ampliación de las brechas entre la riqueza y la pobreza, lo cual no es una distorsión o un problema económico de este sistema, sino que es precisamente una de las inevitables tendencias de la acumulación de capital en su devenir histórico.

En este periodo (2007-2019) hemos vivido los atracos más escandalosos de la historia, el enriquecimiento desenfrenado inexplicable, los engaños más perversos y las mayores desilusiones generacionales con la derrota ética de la revolución de los años ochenta y el fracaso de la llamada transición democrática.

A medida que progresa la acumulación de capital y se desarrolla la fuerza productiva del trabajo, se van configurando dos polos. En el polo de la clase propietaria del capital, se acumula riqueza, mientras que en polo de la clase trabajadora que produce esa riqueza con su trabajo, se acumula miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, despotismo, ignorancia y degradación.

Para lograr un estado de perfecta y gozosa sumisión de la sociedad, el dictador de turno y su camarilla de incondicionales se valieron de cinco poderosas herramientas: la traición, la represión, la corrupción, la propaganda y la corta memoria de los “de abajo”.

Lo que viene o se avizora

Lo que suceda en Nicaragua a partir de enero 2020 en adelante sin duda tiene su dinámica propia determinada por la estructura social, la historia y las condiciones del país, pero dependerá fuertemente del curso de la economía y de los acontecimientos mundiales y, fundamentalmente, de lo que pasa en el acontecer político nacional.

Después de 12 años de gobierno de Ortega-Murillo, Nicaragua encara un porvenir muy difícil. El contexto es complejo: recesión económica, medios de comunicación independientes controlados, judicialización de la política y la presencia cada vez más importante de los paramilitares y parapoliciales, sobre todo el apoyo del Ejército al régimen dictatorial.

El país lo que sigue haciendo, desde hace más de un siglo, vender productos primarios e importar productos terminados. El gobierno no ha sido capaz de diversificar las exportaciones, ni siquiera fomentar/facilitar el procesamiento de las materias primas locales.

El gobierno Ortega-Murillo no intentó afectar la matriz productiva de acumulación y tampoco afectó la dependencia económica basada en la exportación de materias primas sin valor agregado.

Más bien profundizó la economía nacional al vaivén de la economía mundial y norteamericana. Los errores políticos del gobierno Ortega-Murillo en las políticas públicas se producen con mayor frecuencia. Estos errores son debido a las mayores dificultades para crear consenso en sus decisiones, lo que nos muestran una pérdida de poder que los obliga a incrementar las decisiones autoritarias.

La fase de declive

En la fase de declive político, el régimen recurrirá a mayor nivel de autoritarismo, alimentado por su incapacidad administrativa, el deseo de conservar el enriquecimiento de la nueva clase, la visión de excepcionalismo de su gestión; una creencia de ser un líder ungido; un culto al supuesto Estado cristiano, socialista y solidario; y, un culto a la personalidad del caudillo. En el 2020, como consecuencia de la profundización de la recesión.

Los caminos de los campos de producción no serán reparados convenientemente. Los alimentos dejaran de llegar a la mesa de los pobres.

La crisis sociopolítica afectará a la misma base social del dictador. El reloj político del régimen comienza a fallar hasta detenerse.

El país más inestable en América Latina

Con vistas al año 2020 y de acuerdo con “The Economist Intelligence Unit (EIU), Nicaragua es el país más inestable de América Latina ya que posee todos los elementos impulsores de disturbios, por lo que no descarta una explosión sociopolítica en el 2020.

Al evaluar los factores económicos, sociales y políticos, “The Economist Intelligence Unit” calificó a Nicaragua con un índice de riesgo de 4.1 punto, de un máximo de 5 puntos, al tomar en cuenta siete “elementos impulsores de disturbios”: la corrupción, desigualdad económica, seguridad social, efectividad-eficacia del gobierno, estado de la democracia, malestar económico y oportunidad de empleo para los jóvenes.

En el presente análisis podemos apreciar el comportamiento cada uno de los elementos que “The Economist Intelligence Unit” indica.

Sin embargo, hemos querido ser más exhaustivo y profundizar el analizar al incrementar más variables para reforzar mi apreciación del escenario político del año 2020.

Estabilidad precaria

También tenemos que contemplar en el análisis el factor internacional y el comportamiento de los poderes fácticos externos que ayudan a que la “estabilidad” de régimen sea más precaria.

Variables no contempladas en el análisis de “The Economist Intelligence Unit”. Todas las variables señaladas en mi análisis son críticos y la combinación de ellos hace que la situación se vuelva explosiva.

Sin embargo, pienso que un solo problema podría servir como detonante para que la nueva ola social conlleve a la actual crisis sociopolítica a la caída de la dictadura Ortega-Murillo.

En Nicaragua al estar presente todos los posibles factores desencadenantes de una profundización de la crisis, pensamos, por lo tanto, que hay un riesgo muy alto del reinicio de la agitación política en las calles.

El caldo de cultivo para la protesta continúa

El malestar social, la profundización de la recesión económica y la inestabilidad política persiste, por lo cual el potencial de un nuevo tsunami sociopolítico es bastante probable que se presente en el 2020.

Razón por la cual, los poderes fácticos internos y externos presionan para empujar una “salida al suave”. El gobierno Ortega-Murillo ha decidido no divulgar toda información social (educación, vivienda, salud, pobreza, etcétera) que confirmaría la ineficiencia de su política social que se manifiesta en los altos índices de analfabetismo, un sistema de salud de mala calidad, educación ineficiente y el incremento de la pobreza en los últimos años.

Hasta la fecha la disidencia de los ciudadanos autoconvocados ha sido controlado parcialmente por una represión indiscriminada, lo que ha servido para contener las protestas sociales, dejando más de 328 muertos (reconocidos por la CIDH), miles de heridos, centenares de lisiados y desaparecidos, así como 100 mil ciudadanos en el exilio, por la persecución de los paramilitares, policías, paraestatales y fanáticos orteguistas.

Los desafíos económicos, sociales y políticos son las semillas para las nuevas protestas renovadas en el 2020. El régimen OrtegaMurillo no ha podido derrotar políticamente a una población cuya tolerancia por la permanencia en el poder de la dictadura y el “statu quo”, ha desaparecido.

El incremento del autoritarismo es el mecanismo de defensa a las dificultades de su paulatina pérdida de poder del régimen que tendrá en el 2020. Soy de los que creo que el régimen Ortega-Murillo no será vencido con un lápiz, ni por un dedo, ni gracias a una franja publicitaria. Eso ayuda, pero el triunfo solo será posible por la larga, dura y heroica gesta de la movilización popular.

Hemos analizado las siguientes 34 variables lo que nos permite indicar que vivimos en la fase del declive del régimen OrtegaMurillo, razón por la cual los poderes facticos buscan, lo más pronto posible, primer trimestre de 2020, una “salida en frío” a la crisis sociopolítica que no altere a raíz el “statu quo”.

Las 34 variables

Económicas: El paradigma dice que los cisnes son blancos. Cuando ves un cisne negro en el escenario económico dices que hay una anormalidad, conocida como desaceleración. Cuando adviertes un segundo cisne negro nos indica una recesión. Cuando distingues el tercero o más reconoces que estamos a la puerta de una depresión.

En Nicaragua el cuadro macroeconómico no resiste a ningún test de equilibrio ni eficiencia. La economía real es raquítica, desindustrializada, con productividad muy baja, sin demanda interna que logre generar crecimiento sostenido, y con indicadores sociales críticos.

La inestabilidad no sólo es económica, también lo es política y social. Hay que tener en cuenta que el crecimiento entre los años 2007 a 2017, se debió en gran medida a la confluencia de factores externos que no dependen de la gestión económica interna.

Las remesas, la inversión extranjera, el dinero venezolano, el acelerado endeudamiento externo, la cooperación multilateral y bilateral, y, el lavado de dinero ilícito; formarían parte de esos “vientos de cola” que permitieron el crecimiento económico entre 2007 al 2017.

Dichos estímulos se agotaron o redujeron su capacidad estimulante; y, por otro lado, que aparecen nuevos factores externos e internos amenazantes. Por ejemplo, la fuga de divisas en los últimos 22 meses supera el valor de los préstamos recibidos desde abril 2018 hasta septiembre 2019.

Ausencia del dinero venezolano, desempleo, caída del nivel de vida de la población de “los de abajo”, desaceleración del consumo interno y aumento de los costos por los errores de las políticas públicas implementadas.

Todo ello, en un entorno de recesión económica, en donde el crédito otorgado por la banca comercial a empresas y personas naturales perdió impulso.

Por varios años, el crédito de la banca al sector privado (empresas y personal) había crecido a un ritmo mayor que la economía general, ritmo que se ha perdido. Entre el año 2007 y 2017 la economía creció, promedio anual, en +3.78 por ciento.

A partir de abril 2018 la economía ha entrado en recesión con un acumulado negativo de menos -9.5 por ciento. Desde abril 2018 hasta diciembre 2019, la economía tendrá 7 trimestres y 21 meses de contracción económica. La caída de menos -3.8 por ciento del PIB en 2018, supuso que la economía se contrajo en US$ 725.8 millones de dólares.

La contracción de menos -5.3 por ciento del PIB en el 2019, implica una caída adicional de US$ 915 millones de dólares. Lo que 48 significa que el país acumulará pérdidas por el orden de US$ 1,640.8 millones de dólares. Entre el 2018 y 2019, se desafiliaron 173,069 mil trabajadores del INSS y se destruyeron más de 417,000 empleos.

El régimen se vio obligado a realizar de efectuar un ajuste económico, lo que equivale a reducir el consumo, el gasto público y la inversión, por la caída del ahorro externo, principalmente de los recursos provenientes de la inversión extranjera directa y de la cooperación multilateral.

Al contraer la oferta monetaria (o sea, reducir la cantidad de dinero que está en circulación) también implica contraer el gasto público, hacer que la economía del sector privado y del sector informal (especialmente el comercio y los servicios) caigan en recesión, reduciendo el tamaño de la economía.

En este escenario, prácticamente el único flujo de recursos financieros sería el de las remesas familiares. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de octubre 2019 titulado “World Economic Outlock”, indica que solamente se obtendrá un crecimiento positivo hasta el 2023. Esto significa que tendremos un PIB negativo durante cinco años, 2018-2022.

Tanto para el Banco Mundial como The Economic sus proyecciones para el 2020 son de continuación de la contracción del PIB.

El Banco Mundial calcula una disminución de menos -0.6 por ciento y The Economic, calculan el descenso de menos -2.4 por ciento. Es decir, para diciembre del 2020, la economía nicaragüense mantendría un crecimiento negativo y un descenso acumulado negativo del PIB de menos -11.9 por ciento de acuerdo a las proyecciones de “The Intelligence Unit” y de menos -10.1 por ciento, según el cálculo más optimista del Banco Mundial.

En definitiva, la recesión económica es un hecho y hay factores externos que amenazan con agravar más la situación: las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la expulsión del CAFTA o la supresión de los préstamos internacionales. Sobran los motivos para tener la preocupación que si se podrá seguir recibiendo los préstamos futuros al mismo nivel de años anteriores.

En conclusión. Las perspectivas para el 2020 es de crecimiento negativo. La desafiliación de los asegurados del seguro social continuará.

El turismo y hostelería se contraerá. La productividad de los trabajadores no crece. La caída del consumo se mantiene. El empleo no se recupera. Los salarios reales se contraen. La pobreza se incrementa.

Las perspectivas para el 2020 no son alentadoras. 49 2 Presupuesto General de la República 2020. De acuerdo con el Presupuesto General de la Republica 2020 (PGR-2020), la política fiscal y monetaria serán contractivas, lo que no facilita un aumento de la producción de bienes y servicios.

El total del gasto gubernamental en millones de córdobas permanece congelado tanto en 2018 como en 2019. El gasto público, o sea, el consumo y la inversión del sector público, según las proyecciones PGR-2020, en porcentajes del PIB, el gasto de consumo público aumenta de 14.3 por ciento en 2018 a 15.1 por ciento en 2019 y disminuye a 14.9 por ciento en 2020.

Sin embargo, pero el gasto de inversión pública disminuye de 5.2 por ciento en 2018 a 4.2 por ciento en 2019 y a 4.0 por ciento en 2020. El mercado interno y el gasto de consumo de las familias no se reactivará debido al creciente desempleo y subempleo, por un lado, y por el congelamiento salarial que se arrastra desde octubre de 2018, por otro lado.

El gasto de inversión privada tampoco se visualiza para reactivar el crecimiento económico de Nicaragua en 2020.

La desconfianza empresarial; la falta de información económica oficial, impiden la inversión en la producción.

Por otro lado, el flujo neto de inversión extranjera directa (entradas menos salidas de capitales) se tornó negativo en 2019 y se mantendrá igual en el 2020. 3 PIB per cápita: Entre 2017 al 2019, se han producido en una caída del PIB per cápita promedio al descender en un menos -13.21 por ciento, al pasar desde US$ 2,165 dólares en el 2017 a US$ 1,879 dólares en 2019. 4 Inversiones en bienes de capital: Entre 1995 y 2015, el promedio anual de inversión en bienes de capital en Nicaragua alcanzó la cifra de US$ 456.7 millones de dólares.

En ese mismo período la inversión en compra de maquinarias y herramientas para la agricultura alcanzó, en promedio, los US$ 39.94 millones de dólares anuales, equivalente al 8.75 por ciento del total invertido en bienes de capital.

Lo paradójico es que es el campo el que genera más trabajo, más productos para la exportación y es, contrariamente, el sector en donde se invierte menos para incrementar la productividad el país.

En Nicaragua, entre 2007 y 2012, el gasto público en desarrollo rural fue, en promedio, de US$ 542 millones de dólares por año. En promedio, Nicaragua invirtió en este período apenas US$ 0.66 50 dólares por día por cada persona que habitaba en la zona rural, lo cual refleja la inversión más baja de la región centroamericana.

Desde 2015 al 2017 la inversión pública en el desarrollo rural se ha mantenido igual, empeorando en el 2018 y 2019. De acuerdo al Banco Central de Nicaragua (BCN), en el quinquenio 2011-2015, la tasa de inversión fija (maquinaria, equipo y construcción) fue de 23.69 por ciento del PIB en promedio, muy abajo del tercio (33 por ciento) considerado mínimamente satisfactorio – como lo demuestran las economías asiáticas en expansión – para países con economías rezagadas.

Con base a cifras del BCN, las inversiones industriales no solo han caído en la segunda mitad de 2018 sino que están congeladas, sobre todo en el rubro de las importaciones de maquinaria.

Por ejemplo, se registró caída de alrededor del menos -20 por ciento en los primeros tres meses del 2019. En el 2019, las compras de bienes de capital se redujeron en un menos -42 por ciento.

Esta caída de bienes de capital es sumamente preocupante porque significa que en el futuro habrá una caída de la capacidad productiva.

Por otra parte, la reducción de bienes de consumo intermedio, conocido como insumos que se utilizan en la producción, cayó un menos -19.4 por ciento, lo que implicará una reducción de las áreas de siembra.

Existe una falta de inversión masiva para generar la actividad económica y empleo. No hay confianza para retomar las inversiones y el ritmo de crecimiento.

Por el momento, no hay condiciones para el arranque de un nuevo ciclo de inversión e incrementar las exportaciones.

En conclusión, desde el segundo trimestre de 2018 la formación bruta de capital ha caído. En el 2020, para tener un crecimiento positivo del PIB exigiría un crecimiento sostenido de la inversión.

A su vez, esto implicaría una recuperación de la inversión pública como la privada, lo cual no se vislumbra en el corto plazo.

Desde abril 2018, ambos componentes, la inversión pública y privada, se han retraído y han mostrado contracción y comportamiento negativo.

Como consecuencia hay una clara tendencia a la disminución de la rentabilidad de la economía y una retracción de la inversión.

Deuda Externa Total: De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN) la deuda externa del país correspondiente al segundo trimestre de 2016, ascendía a US$ 10,704.1 millones de 51 dólares (US$ 5,779.8 millones de dólares del sector privado y US$ 4,924.3 millones de dólares del sector público).

Al finalizar el segundo trimestre del 2019, la deuda externa total sumó US$ 11,602.8 millones de dólares, de los cuales US$ 6,057.0 millones de dólares correspondieron al sector público y US$ 5,545.8 millones de dólares al sector privado.

La suma del endeudamiento público con Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) representa el 48.57 por ciento de la deuda pública externa a finales de agosto de 2019.

A finales de agosto 2019, la deuda pública con el BID asciende a US$ 2,072.3 millones de dólares y de US$ 1,073.0 millones de dólares con el BCIE.

El incremento de la deuda total (pública y privada) de Nicaragua se ha convertido en un riesgo para el crecimiento de la economía nicaragüense y al mismo tiempo ha sido un alivio o “balón de oxígeno” al régimen.

Fuga de capital: La fuga de capital en los últimos meses supera el valor de los préstamos negociados desde abril 2018. Con respecto a marzo de 2018, en septiembre 2019, los depósitos en córdobas y dólares han caído en menos -27.6 por ciento y menos – 36.7 por ciento respectivamente.

De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), en el 2019, el saldo de los depósitos en córdobas se incrementó en 2.4 por ciento, al pasar de C$ 31,902.2 millones en diciembre 2018 a C$ 32,659.6 millones en septiembre 2019.

Sin embargo, los depósitos en moneda extranjera se redujeron en menos -14.4 por ciento, al pasar de US$ 2,954.9 millones de dólares a US$ 2,562.9 millones dólares entre diciembre 2018 a septiembre 2019.

Antes del inicio de la crisis sociopolítica, marzo de 2018, funcionaba, a nivel nacional, 612 sucursales y ventanillas bancarias con 11,484 trabajadores.

Al 30 de junio de 2019, sólo están funcionando 507 sucursales (se han cerrado 105) y el número de empleados cayó a 9,087 trabajadores (2,397 trabajadores menos).

Préstamos: El informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el brazo financiero de la OEA, indica que hasta el 2017 fue una de las principales fuentes de financiamiento del país; sin embargo, en el 2018 no le aprobó nuevos préstamos al régimen Ortega-Murillo.

Nicaragua obtuvo entre 2014 y 2017 empréstitos por un monto de US$ 1,035.6 millones de dólares; es decir, que por año se le aprobaban, en promedio, US$ 258.9 millones de dólares de recursos frescos.

En el 2018, el BID desembolsó a Nicaragua solamente US$ 99.5 millones de dólares, lo que significa una caída importante en comparación a los años anteriores. 8

Cartera de Crédito: Entre 2007 y 2017, el crédito al sector de consumo privado (electrodomésticos, centros comerciales, construcción de casas, autos, gastos personales, etcétera) alcanzó niveles récord.

Esa burbuja de crédito estalló a partir de abril 2018. El FMI establece estadísticamente que: un aumento de la deuda de los hogares (préstamos para comprar casas, automóviles, tarjetas de crédito, etcétera) puede impulsar el crecimiento económico a corto plazo, pero, años después, aumenta riesgo de una crisis bancaria.

Es decir, más allá de cierto punto, es económicamente perjudicial. Entre enero y agosto de 2019, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) revela que la cartera del crédito bruto se ha reducido en US$ 1,491.4 millones de dólares respecto de marzo de 2018.

La crisis tiene también un efecto negativo en la calidad de la cartera de crédito, ya que el indicador de la cartera en riesgo que se había mantenido en 2.7 por ciento para el periodo enero 2017-abril 2018, aumentó a un valor de 9.5 por ciento en marzo 2019.

El índice de morosidad de la cartera de crédito bruta se ubica en marzo 2019 en 3.2 por ciento, cuando antes de la crisis sociopolítica era de 1.0 por ciento.

En septiembre 2019, la cartera crediticia en riesgo es mayor al 10 por ciento de la cartera total de los bancos y de las entidades financieras.

Con esto Nicaragua supera, por primera vez, en varios años la media de la tasa de morosidad, a nivel de Centroamérica, de 2.4 por ciento.

De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua (BCN), en el 2018, el crédito agrícola se contrajo en menos -5.7 por ciento y el ganadero en menos -12.2 por ciento, eso significó C$ 881.9 millones de córdobas y C$ 426.8 millones de córdobas menos en relación al 2017, respectivamente.

A julio de 2019, el crédito acumula 16 meses de caída consecutiva desde el inicio de la crisis sociopolítica de abril 2018.

La tendencia es que esto se mantenga así todo el 2019 y 2020. Antes de la crisis de abril 2018, el crédito bruto ascendía a US$ 5,172 millones de dólares, 16 meses después alcanza los US$ 3,680.6 millones de dólares, lo que equivale a una caída de menos – 29.4 por ciento. 9 Índice de Competitividad 2019.

Nicaragua pierde competitividad frente a la comunidad internacional. Los elementos por los cuales se pierde competitividad destacan la corrupción, la ineficiencia del gobierno, el bajo nivel educativo, el nivel de desempleo y la falta de transparencia pública y de justicia social.

El diagnóstico sobre el grado de competitividad de las economías del planeta surge de un análisis realizado por el World Economic Forum (WEF). Esta institución que organiza cada año la Cumbre de Davos (Suiza), emite un estudio comparativo sobre 141 países y que define el grado competitivo de los mercados nacionales como “el compendio de organismos, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”.

El análisis del World Economic Forum (WEF) nos facilita el “Índice de Competitividad Global 2019”, en el cual Nicaragua está clasificada en el lugar 110 de los 141 países analizados, perdiendo 5 peldaños en comparación al 2018.

Nicaragua está clasificado como el peor país de la región centroamericana. Costa Rica es el país de la región que tiene mejor clasificación.

Las ventas de cemento de la empresa Cemex, han bajado. La Prensa / NM

Productividad: Entre 2007 y 2019, no ha habido transformación productiva, no hubo planes sociales sostenibles, no hubo ahorro, no hubo construcción institucional, se dejó de realizar elecciones libres y se realizaron fraudes electorales con la intención de quedarse gobernando para siempre por la fuerza.

Un problema estratégico que debe ser resuelto es la baja de la productividad de la economía nicaragüense. Una notable restricción para elevar la productividad es el nivel promedio de escolaridad de la población nicaragüense, que es apenas de seis años de estudio.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la productividad por trabajador en Nicaragua es de US$ 3.500 dólares. La productividad por trabajador en Costa Rica es 5,7 veces mayor a la productividad por trabajador en Nicaragua.

Dinero Ilícito: De acuerdo con las fuentes norteamericanas en Nicaragua se lavan entre de US$ 1,300 a US$ 1,500 millones de dólares anuales. Posiblemente algunos miembros de la burguesía tradicional y miembros de la nueva clase se benefician del dinero ilícito.

En algunos departamentos del país existe altos niveles de permeabilidad del lavado de dinero y el narcotráfico que se traduce en nuevas casas, inversiones y comercios boyantes.

El régimen protege a los lavadores de dinero y a los corruptos. Los contralores se preocupan por proteger a los corruptos que abultan más sus cuentas bancarias que procesar a los delincuentes de “cuello blanco”.

El lavado de dinero y la actividad del narcotráfico nos estaría indicando la existencia del crimen organizado –coludido con algunos sectores del Estado–; es desde hace años un poder creciente, es el medio de sustento de algunos sectores de la sociedad, de la acumulación de capital de otros y, por supuesto, de muchas personas de los más humildes, aunque sean ellas las menos beneficiadas.

Evasión fiscal: En Nicaragua, el 86.3 por ciento de las empresas son pequeñas, 10.2 por ciento son medianas y solamente el 3.4 por ciento son grandes.

Las grandes son las que reciben más del 90 por ciento de las exoneraciones que otorga el gobierno por un monto de alrededor de US$ 1,000 millones de dólares anuales.

Las cifras oficiales revelan que, por evasión fiscal, exoneraciones y beneficios fiscales se pierde anualmente más del 10 por ciento del PIB en beneficio de los grandes empresarios. Por la falta de información, no podemos calcular la cantidad de dinero que el grupo económico Ortega-Murillo ha recibido en exoneraciones y beneficios fiscales.

Distribución de la riqueza: A pesar de ser un país con mucha riqueza natural (minerales, una extensa costa, recursos hídricos, bosques y suficiente superficie agrícola para alimentar a sus habitantes), el 80 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza.

La riqueza combina, tanto de activos físicos (inmuebles, automóviles, bienes del hogar y demás artículos que poseen los individuos y las empresas) como de financieros (depósitos bancarios e inversiones financieras) distribuida de manera desigual.

El proceso creciente de desigualdad, es uno de los rasgos más importante de la sociedad nicaragüense, proceso que se incrementó en los últimos años.

Los estratos de menores ingresos vieron su parte del ingreso reducirse. Entre el 2007 y 2019, las desigualdades de renta se dispararon de manera que el 10 por ciento de la población con más ingresos (millonarios, ricos y clases medias profesionales con renta alta), vieron como su riqueza e ingresos se ampliaban; y los más pobres, marginales, asalariados, pequeños campesinos y clase media baja se les reducían sus ingresos.

Es decir, el 90 por ciento de la población vio deteriorarse su nivel de vida. De acuerdo con el “Informe sobre Desigualdad Mundial 2018”, Nicaragua es el país con mayor concentración de ingresos de Centroamérica, ya que el 30 por ciento de los ingresos está en manos de sólo el 1 por ciento de la población.

La riqueza de los diez principales multimillonarios equivale a la riqueza de los 4 millones más pobres. Todos estos datos alarmantes demuestran que el abismo social es profundo.

Lo vemos también cuando analizamos la falta de acceso a derechos básicos como: vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento.

Ganancias de los Bancos: Los propietarios y gestores del gran capital productivo, está siendo sustituido cada vez más por los propietarios y gestores del capital especulativo y financiero.

La recesión económica produce un estancamiento y descenso de las ganancias y de la tasa de ganancia general. A ello le sigue una caída de la inversión privada.

Y, con ella, de la actividad económica general, produciendo más desempleo, contracción del mercado interno e incremento/sostenimiento de la recesión por un período más largo.

Los salarios han permanecido estancados tanto en el 2018 como en el 2019, algunos han descendidos. Mientras que, la tasa de ganancia de los bancos se ha mantenido por encima de la media nacional.

En diciembre 2018, las utilidades de los bancos sumaron US$ 2 millones de dólares, por debajo de los US$ 14 millones de dólares de utilidades que recibieron en el mes de marzo 2018.

A septiembre de 2018, la tasa de beneficio de los bancos fue del 23.9 por ciento y, a septiembre de 2019 alcanzó el 14.5 por ciento, lo que nos indica que la recesión le afectó, pero conservan sus ganancias a pesar de la recesión de la economía general.

Las altas rentas o beneficios de los bancos se explican por una reducción de las ganancias de los otros sectores de la economía. El rentismo financiero es un factor que repercute en la disminución de la rentabilidad del capital productivo general y favorece a los bancos.

El sector financiero se apropia de gran parte del excedente económico de los otros sectores económicos en forma de intereses, dividendos, seguros y los llamados seguros empresariales. Es decir, son ganancias extraordinarias por encima de la productividad media.

Desde abril 2018, muchas empresas, para contrarrestar la caída de las ganancias, han reducido los salarios entre el 20 y el 40 por ciento, igualmente han reducido las comisiones, las depreciaciones de los vehículos y recorte el suplemento para combustible.

Microfinancieras: Datos de ASOMIF (Cámara de Microfinanzas de Nicaragua), indica que entre enero 2018 y julio 2019, la cartera de crédito se ha reducido en US$ 214.000 dólares, mientras que el número de clientes han caído en 208,000; en su mayoría en el sector comercial, servicio y pequeña industria.

ASOMIF señala que hasta julio 2019, ha cerrado 133 oficinas en el todo el país y han perdido su puesto de trabajo 1,100 empleados. ASOMIF estima que las microfinancieras, en su conjunto, podrían reducirse en otro 30 por ciento más para el 2021. Es decir, que el mercado se va a seguir compactando.

En ASOMIF están afiliadas 27 microfinancieras, algunas de las cuales discuten como fusionarse o compartir territorios. Desde abril 2018 a la fecha (noviembre 2019) las Microfinanzas han reducido más o menos el 36 por ciento de su cartera de crédito, debido a causa de clientes que cancelaron y no renovaron o clientes que se fueron del país o clientes que quebraron.

El índice de morosidad, al mes de octubre 2019, alcanzó 18 por ciento de los clientes. El principal factor que ha afectado a las Microfinanzas es el retiro de fondeadores y acreedores internacionales, principalmente europeos y norteamericanos.

Estos acreedores han decidido no renovar líneas y esto ha afectado definitivamente al sector. Los financiadores extranjeros han reducido en menos 37 por ciento su inversión a las microfinancieras, por el riesgo político.

Turismo. Autoridades reportan que durante el 2018 llegaron al país 1.4 millones de visitantes, cifra que es menor en 28 por ciento a los 1.9 millones registrados en 2017.

Informe del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) reporta una caída en la cantidad de hoteles y establecimientos similares; pasando de 1,237 registrados en 2017 a 1,114 en el 2018.

En el caso del número de habitaciones se registró una caída de 977 habitaciones, equivalente al 6 por ciento, entre 2017 y 2018, al pasar de 16,226 a 15,249.

Según la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) 62,400 personas se vieron afectado su empleo. Los empleados más calificados migraron hacia Centroamérica y Estados Unidos. Esto significa que se ha minado la calidad del servicio turístico del país.

El Banco Central de Nicaragua (BCN), estima que durante el 2018 las pérdidas del sector turístico ascendieron a US$ 440 millones de dólares debido a los ingresos cesantes. En el 2017, este sector generó US$ 840 millones de dólares.

Según una encuesta elaborada por FUNIDES con 300 empresarios del sector turismo, los empresarios están reduciendo su tamaño con tres manifestaciones claras: El 72 por ciento de las empresas han recortado personal, el 32.4 por ciento ha reestructurado los contratos con sus trabajadores -reducción de salarios y beneficios y el 19.4 por ciento ha optado por contratar familiares para suplir al negocio.

En el 2019, los clientes más importantes que usan los servicios turísticos, alimentos y alojamiento, sobre todo, son turistas nacionales (70.2 por ciento) y extranjeros (29.8 por ciento).

En 2017, el turismo nacional solo representaba el 37 por ciento de la demanda. Sin una solución a la crisis política “el sector no va a poder despegar.

Gasto Militar: El presupuesto del gasto militar en Nicaragua se incrementó en el período comprendido entre el 2008 y 2018, pasando de US$ 45.4 millones de dólares (2008) a US$ 83.3 millones de dólares en el 2018. Es decir, se produjo un crecimiento de 83.48 por ciento entre 2008- 2018, lo que equivale a una tasa promedio anual de 7.59 por ciento. Tasa promedio superior al crecimiento del PIB y superior al presupuesto de salud y educación juntos.

En el 2018 la renovación de equipo militar del Ejército (tanques y otros pertrechos militares) ascendió a un aproximado de US$ 80 millones de dólares. En el 2018, el presupuesto de defensa y policía; es decir, el sector de la seguridad en Nicaragua suma la cantidad de US$ 273.28 millones de dólares.

Gasto de la Policía: La Policía Nacional recibió un presupuesto adicional al de las Fuerzas Armadas. Para el año 2018, se estima que recibió alrededor de US$ 109.8 millones de dólares.

El presupuesto incluye salarios, seguros, mantenimiento del equipamiento de guerra y demás necesidades del personal. En el 2019, en el aniversario 40 de la Policía, septiembre, el gobierno anunció la compra de 3,963 vehículos, de diferentes tipos y modelos.

En total fueron 2,009 vehículos, 1,524 motos, 366 camionetas y 64 vehículos. Se calcula que la compra de esa flota supera los US$ 40 millones de dólares. Al mismo tiempo, la policía aumentó 3,061 agentes de policía para reforzar los planes control a los ciudadanos y se realizaron la construcción de 72 nuevas estaciones de policía.

De acuerdo con los datos oficiales, el aumento en la cantidad de policías implicó un incremento de C$ 36.5 millones de córdobas mensuales. O sea, que el incremento de los nuevos miembros de la policía costará a los ciudadanos contribuyentes la bicoca de C$ 474.5 millones de córdobas al año, para que sigue persiguiendo, golpeando y acosando con plena impunidad a todos los ciudadanos.

El presupuesto de C$ 474.5 millones de córdobas supera con creces a las instituciones estatales encargadas de cuidar el medio ambiente, los bosques, los ríos y las montañas.

Costo de la Canasta Básica: En diciembre de 2007 el costo de la canasta básica de los 53 productos era de C$ 7,539 córdobas. A noviembre 2017 la canasta básica de 53 productos se situó en C$ 13,187.41 córdobas mensuales.

El costo canasta básica de los 23 productos de alimentos era de C$ 8,733.93 córdobas mensuales. El salario de los trabajadores del gobierno fue de C$ 5,108.4 córdobas mensuales. Es decir, el salario promedio de los trabajadores gobierno es menor al costo de la canasta básica de alimentos.

El precio de la canasta básica en agosto 2018 alcanzo los C$ 13,493.59 córdobas (equivalente a US$ 423.1 dólares al cambio oficial de esa fecha). Con el salario mínimo promedio de US$ 196.3 dólares, se cubre sólo un 46.39 por ciento de la canasta básica.

Entre marzo y julio de 2019 el costo de la canasta básica experimentó cinco aumentos, lo que ocasionó que la cesta se ubicará en C$ 14,159.79 córdobas.

Con el incremento del costo de la Canasta Básica a julio 2019, un obrero que reciba un salario mínimo de C$ 4,176 córdobas cubrirían en un 29 por ciento de los C$ 14,159.76 córdobas de los que cuesta la canasta básica.

El componente de la canasta básica correspondiente a alimentos era C$ 9,472 córdobas. El componente vestuario C$ 1,704 córdobas y los artículos de uso doméstico como jabón, luz, agua, costaron C$ 2,983 córdobas. El costo de la canasta básica aumentó en C$ 595 córdobas entre enero y julio 2019.

En las zonas francas el salario mínimo vigente desde el año pasado es de C$ 5,461 córdobas. Si la canasta básica de alimentos cuesta C$ 9,472 córdobas, significa que la familia promedio de los 125 mil trabajadores de la zona franca no se están alimentando correctamente.

El salario mínimo para el sector comercio, transporte y turismo, es de C$ 7,661 córdobas. Tampoco les alcanza para la comida.

El 60 por ciento de los jubilados tienen un salario promedio entre siete y diez mil córdobas, lo que nos indicaría que no tienen capacidad de comprar una canasta básica completa. Es decir, que entre 2007 y 2019 el costo de la canasta básica creció más rápido que el incremento de los salarios reales y del monto de las pensiones de los jubilados.

Desde hace muchos años los aumentos al salario mínimo han estado ligado a la inflación esperada y no a la efectiva, lo que explica buena parte del desplome de su poder adquisitivo.

Consumo Interno: La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), estima que en el 2019 el consumo interno caerá un menos -6.6 por ciento, asociado con una disminución de la actividad comercial y el crédito al consumo.

En Nicaragua, el 89 por ciento de los ingresos de los hogares se consume en el sostenimiento de la familia; el consumo cae porque el ingreso ha caído (por el desempleo y el incremento de los precios), la gente ya no puede acceder a la canasta básica, esto es el gasto privado, pero el consumo público también está cayendo.

De acuerdo con la CEPAL, la caída del consumo privado tiene un fuerte impacto sobre la economía, ya que representa el 70 por ciento del PIB.

Migración: Se estima que el total de nicaragüenses fuera del país ronda el 20 por ciento del total de la población, eso es aproximadamente 1,280,000 personas, de cuales un 50 por ciento se encuentran indocumentadas.

La migración por falta de empleos juega un doble papel: a) quita presión social interna, válvula de escape; b) permite que los pobres que se van envíen dinero a los pobres que se quedan evitando presión social y mejorando los niveles de pobreza.

Por ejemplo, en Totogalpa, la gran mayoría de las casas fueron hechas con fondos que envían las personas migrantes.

Las remesas están generando una falsa economía de servicios y consumo que depende totalmente de la exportación de personas. Aunque los pobres que se fueron envían más dinero en relación al monto de lo que invierte la burguesía local, no tiene ninguna expresión como grupo de presión en el juego político nacional.

Desde abril 2018, el perfil demográfico de los 100,000 exiliados, por la represión del régimen, destaca principalmente por su juventud y un mayor nivel de escolaridad con relación a los otros países centroamericanos.

La mayoría de los exiliados emigraron principalmente hacia Costa Rica, Estados Unidos, España, Panamá y México.

Remesas familiares: En el año 2015 las remesas fueron US$ 1,193 millones de dólares. En 2016, alcanzaron la cifra de US$ 1,260 millones de dólares, equivalente al 9.8 por ciento del PIB.

Las remesas familiares en 2017 alcanzaron US$ 1,390.8 millones de dólares, equivalente al 10.9 del PIB. En el 2018, Nicaragua recibió US$ 1,501.2 millones de dólares, representando el 11.47 por ciento del PIB.

En el primer semestre de 2019, se recibieron US$ 796.6 millones de dólares, un 9.9 por ciento superior al mismo período de 2018.

La cantidad aportada por las remesas a la economía nacional supera por mucho al dinero aportado por cualquiera de los otros sectores económicos del país.

En el 2019, las exportaciones y las remesas son las que están manteniendo la economía, porque las demás variables están en el suelo. Las remesas familiares siguen siendo el mejor programa social del país: los pobres que emigraron les envían dinero a los pobres que se quedaron.

Las remesas juegan un papel fundamental para mitigar la pobreza en el país. Sin embargo, la mejor forma de luchar contra la pobreza es más empleo, mejores salarios y/o ingresos y educación para todos.

Pobreza: Las clases media son muy vulnerables. En los últimos dos años sectores de la clase media descendieron a pobres por diversos factores: carencia alimentaria, falta de acceso a la seguridad social, a los servicios básicos, vivienda adecuada, educación y salud de calidad.

En Nicaragua, alrededor del 80 por ciento de las personas enfrentan pobreza multidimensional, ya que la pobreza está definida no sólo por el ingreso, sino por varios indicadores básicos que incluye la mala salud, la deficiente educación, la mala calidad laboral, la amenaza de la violencia y la falta de vivienda adecuada.

En el 2015, según los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), la pobreza afectaba al 29 por ciento de la población nicaragüense considerando que la línea de pobreza era US$ 1.70 dólares por día. Según el BCN es el ingreso suficiente para consumir la cantidad de alimentos que proporcionen las 2,200 calorías necesarias diarias.

A la concreta, el BCN dice que una persona no es pobre si su ingreso es superior a los US$ 1.70 dólares diarios (US$ 57.80 dólares mensuales equivalente a C$ 1,965.2 córdobas a una tasa de C$ 34.0 córdobas por dólar).

Por su parte, la Fundación Internacional para el Desafío Global (FIDEG) ha estimado en el 2017, que el ingreso necesario para consumir la misma cantidad de calorías (2,200 calorías) es de US$ 2.50 dólares al día (US$ 75.00 dólares mensuales). En ese caso, el 41.2 por ciento de la población vive en pobreza.

El Banco Mundial (BM) cambió su métrica sobre la pobreza (noviembre 2017). Hasta antes de noviembre 2017 eran pobres y pobres extremos quienes vivían con US$ 1.90 dólares por día o menos; el BM ha actualizado métrica, eso significa que para el BM no ser pobre es vivir con un ingreso superior a los US$ 3.20 dólares diarios (US$ 96.0 dólares mensuales equivalente a C$ 3,264 córdobas mensuales).

De acuerdo con la métrica sobre la pobreza del Banco Mundial, actualmente en el país más del 50 por ciento de los trabajadores formales y cerca del 80 por ciento de los que laboran en el sector informal están por debajo de la línea de pobreza.

En el 2017, de acuerdo a los datos de FIDEG, el 41.2 por ciento de los hogares encuestados por FIDEG se encontraban en condiciones de pobreza y el 8.4 por ciento de los hogares en pobreza extrema.

En el 2019, dos años después, uno de cada dos nicaragüenses está en situación de pobreza o exclusión social o al borde de estarlo. Realidad que debería de provocar una verdadera alarma social. Es decir, la pobreza que se mantiene a niveles altos es un círculo vicioso, que se traduce en una mala alimentación, un deterioro de la salud, una falta de acceso a una educación de calidad, desembocando en una caída de la productividad y de la competitividad.

Según reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN), siete de cada 10 trabajadores son informales y con bajos ingresos. Con estas altas tasas de empleo informal, las personas tienen una alta probabilidad de mantener en condición de pobreza.

Hay que agregar a más de 450.000 familias viven penurias luego de perder su fuente de trabajo por la crisis.

Educación: De acuerdo con el libro publicado por el Banco Mundial titulado “Los Olvidados: Pobreza Crónica en América Latina y el Caribe” (2015), la escasa inversión productiva y social (especialmente en educación) es una de las razones principales por las que el 37 por ciento de los nicaragüenses vive un en estado de pobreza crónica.

Desde el 2015, el Banco Mundial señala que los problemas centrales de la educación en Nicaragua son: “la calidad y eficiencia de la enseñanza es baja.

La pobre calidad de la enseñanza y los bajos índices de terminación de estudios están relacionados a: bajo financiamiento, ineficiente administración de los recursos, pobre administración y carencia de responsabilidades e incentivos inapropiados para los profesores y las escuelas”.

Los niveles de educación siguen sin mejorar. Existe un alto grado de deserción escolar a nivel de primaria, secundaria y universitario.

La matrícula inicial de primaria en el 2013 fue de 880,601 niñas y niños; la matrícula inicial de secundaria alcanzó la cifra de 507,387 jóvenes.

En el 2015, la matrícula inicial en primaria fue de 885,003 alumnos y alumnas. Es decir, entre el 2013 y el 2015, la matrícula inicial en primaria se incrementó solamente en 4,402 niñas y niños.

En el 2015 la educación secundaria logró una matrícula inicial de 333,713 alumnos y alumnas. Es decir, entre el 2013 y 2015, la matrícula inicial en secundaria disminuyó en 173,674 alumnos.

A partir de 2016, el gobierno dejó de publicar los datos sobre el comportamiento de la educación y la salud en el país. En el Informe sobre el desarrollo mundial 2018: Aprender para hacer realidad la promesa de la educación del Banco Mundial se sostiene que, sin aprendizaje, la educación no podrá ser el factor determinante para poner fin a la pobreza extrema, generar oportunidades y promover la prosperidad compartida.

En Nicaragua, después de asistir a la escuela durante varios años, miles de niños no saben leer, escribir ni hacer operaciones matemáticas básicas. La crisis del aprendizaje está ampliando las brechas sociales en lugar de cerrarlas.

Miles de estudiantes jóvenes que ya se encuentran en una situación desventajosa debido a la pobreza, a conflictos, a cuestiones de género o a discapacidades llegan a la primera etapa de la adultez sin contar siquiera con las competencias más básicas para desenvolverse en la vida.

Salud: En el 2016, la inversión del gobierno de Nicaragua en salud equivale al 3.24 por ciento del PIB y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se necesita por lo menos el 5.00 por ciento del PIB para mejorar la calidad de la salud, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

La gran mayoría del presupuesto se destina para la atención hospitalaria y para la atención en el primer nivel (atención en los centros de salud).

El gobierno no está priorizando la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Es decir, la estrategia del gobierno prioriza la parte curativa más que la preventiva.

El aumento de la desigualdad, el desempleo y el empleo informal no ayudan a garantizar una dieta nutritiva y adecuada para cientos de miles de personas que viven en la pobreza.

Se presenta un retroceso en los problemas de salud relacionados con la malnutrición infantil. Más del 25 por ciento de las personas sufren inseguridad alimentaria moderada o crónica, lo que significa que deben escatimar en comida o pasar hambre, y, en el peor de los casos, estar días enteros sin comer.

Una nutrición inadecuada de los menores pone en peligro su desarrollo futuro, especialmente su capacidad cognitiva, desventaja crucial en la productividad futura del país y en la sociedad tecnológica del siglo XXI.

A nivel mundial la tasa de embarazo de adolescentes se estima en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas. En 2018, la tasa de embarazo de adolescentes en Nicaragua por cada 1,000 niñas entre 15 y 19 años es de 92.8 nacimientos.

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS): En el 2017, la población económicamente activa (PEA) de Nicaragua era cercana a 3.3 millones de personas, de los cuales sólo 913,797 (27.81 por ciento), estaban afiliados al INSS, quedando el 72.19 por ciento en el empleo informal y desprotegidos de beneficios y seguridad social.

En el 2018, el INSS tuvo una pérdida masiva de afiliados alcanzando la cifra de 157,923, siendo el sector comercio la actividad económica más golpeada.

En el 2019, la pérdida de cotizantes alcanzó otros 15,069 y en el 2020 esa sangría continuará. En el primer bimestre del 2019 la planilla de los cotizantes de la seguridad social era de 756,858 personas; es decir, menos 16.7 por 64 ciento inferior al promedio del total de asegurados entre enero febrero del año 2018.

Por otro lado, en el 2019 el INSS cierra con un déficit de C$ 3,138.8 millones de córdobas y de C$ 3,184.8 millones de córdobas en el 2020; inferiores a los C$ 4,333.19 millones de córdobas en el 2018.

El problema del INSS es que los ingresos por inversiones están erosionados. En el 2019, las inversiones generarán en ganancias solamente de C$ 79.9 millones de córdobas y en el 2020 producirán solamente C$ 57.0 millones de córdobas. Inferior a los C$ 232.9 millones de córdobas en el 2018. Y mucho más bajo de los C$ 1,393.0 millones de córdobas en el 2010.

Esta situación tiene su origen en las malas inversiones, la corrupción y en el incremento de la planilla de trabajadores, muchos de ellos son miembros de las fuerzas de choque del régimen.

Medio Ambiente: Las señales del declive del régimen, también, se manifiestan en su contradicción de hablar en defensa de la madre tierra y en la práctica favorece la destrucción ambiental.

El decreto presidencial 15-2017 del 28 de agosto de 2017, fue un retroceso en todo el proceso de estudio del impacto ambiental; eso significó que todos los esfuerzos de hacer cumplir una serie de compromisos ambientales derivados de los convenios internacionales fueron eliminados.

Elemento importante para estimular la oposición de los ambientalistas nacionales e internacionales. Desde el 2007 a la fecha el tema ambiental ha estado en un tercer o cuarto plano de la agenda nacional.

Sin embargo, el descontento de los sectores indígenas de la Reservas de Bosawás e Indio Maíz ha estado en primer plano de los ambientalistas, pero que no tenían suficiente fuerza para tener una repercusión nacional; fue hasta el incendio de Indio Maíz.

Este fue el otro detonante de abril 2018. El incendio se originó el 03 de abril de 2018 en la comunidad Siempre Viva en el departamento de Río San Juan. A pesar de que el gobierno territorial Rama y Kriol solicitó ayuda al gobierno central para sofocar el incendio, el gobierno actuó tres días después, cuando la información ya circulaba hasta en los medios internacionales.

El área afectada se estima en 5,484.7 hectáreas, unas 7,786.44 manzanas. El incendio en la Reserva de Indio Maíz dio inicio a un movimiento de jóvenes universitarios, que se autoconvocaron en dos ocasiones para realizar un platón frente a la Universidad Centroamericana (UCA) y a una marcha que fue reprimida por la Policía y sus fuerzas antimotines.

El régimen Ortega-Murillo, a la concreta, no comulga con el principio que sin naturaleza no hay agua, no hay vida, no hay especie. Mucho menos progreso o desarrollo económico. El desarrollo sostenible es el único camino.

Vivienda: Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que casi 80 por ciento de los nicaragüenses habita en viviendas que no cumplen los estándares mínimos de habitabilidad.

El problema de la vivienda en Nicaragua está atravesado por la enorme concentración de riquezas en manos de unos pocos, y se manifiesta tanto en las ciudades como en el campo.

Los datos del último censo agropecuario mostraron el aumento de la concentración de tierras rurales. No es diferente en las ciudades.

Hay más de cuatro millones de personas sin vivienda adecuada. De acuerdo con los datos oficiales, el déficit de vivienda es de más de un millón. Si además se toma en cuenta la falta de infraestructura, hacinamiento, y de servicios en los barrios, la situación resulta peor.

Los principales problemas de la población son: bajos ingresos y alto costo de la vida, la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la concentración de la riqueza en pocas manos que han creado dos Nicaragua diferentes.

Mercado Laboral: La esencia de la política laboral del gobierno Ortega-Murillo son: aumentar la edad de la jubilación, reducir el “costo del trabajo”, o sea, los salarios directos e indirectos, como la educación, la salud, jubilaciones, indemnizaciones por despido o por accidente o enfermedad laboral, y, prestaciones de todo tipo.

El objetivo del gran capital, en su alianza con el gobierno, es eliminar o debilitar al máximo el poder de negociación de los sindicatos e instalar la precariedad laboral para los jóvenes y reducir las conquistas sociales que se obtuvieron por las luchas de los trabajadores desde los años cuarenta del siglo XX a la fecha.

Toda la industria local que abastece el mercado interno tiene un nivel de productividad sumamente bajo en términos regionales e internacionales; por lo tanto, dependen de los salarios bajos para subsistir. Es decir, la productividad depende de manera desproporcionada de la acumulación acelerada del trabajo, en lugar de apoyarse en el crecimiento del capital o el uso eficiente de esos dos factores (capital y trabajo).

Los trabajadores del sector formal, que reciben sueldo mensual y tiene seguridad social representan apenas 26 por ciento de la población económicamente activa (PEA).

La distribución del ingreso se ha deteriorado en contra de la equidad, pues el empleo y los salarios disminuyen constantemente, en contraste con las ganancias de las grandes empresas, que crecen exponencialmente todos los días.

En el año 1997, los salarios representaban el 65.0 por ciento del ingreso y en el 2015 representaba el 44.6 por ciento. Es decir, el mercado del trabajo ha perdido poder.

Según reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN), siete de cada 10 trabajadores son informales y con bajos ingresos. Entre el 2018 y 2019, la precarización del empleo se generalizó.

La magnitud del problema se hizo evidente: aumenta la población en edad de trabajar, pero se destruyó el empleo formal.

Por lo tanto, se ha exacerbado el empleo formal e incrementado los niveles de pobreza. Con un mercado laboral tan marcado por el desempleo y la precariedad laboral tiene consecuencias sociales, pero también económicas.

Más de cuatro millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza; lo cual ha incrementado la “irritación social” en la población.

Desarrollo Humano. En 2019, de los 189 países y territorios analizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Nicaragua ocupa la posición 126, una de las últimas de América Latina y el Caribe en cuanto a desarrollo humano.

El país se mantiene en el grupo de naciones de nivel “medio”. Honduras en el puesto 132, El Salvador en el 124, Guatemala y Nicaragua en el 126.

Según el informe titulado “Más allá del ingreso, más allá de los promedios” existe una “nueva generación de desigualdades” enfocada en temas como la tecnología, la educación y la crisis climática.

La dignidad, el trato igualitario y la no discriminación pueden ser incluso más importantes que la inequitativa distribución de los ingresos, precisa el documento.

Corrupción: La corrupción de Nicaragua equivale al 10 por ciento del producto interno bruto (PIB). Es decir, al menos 10 de cada 100 córdobas generados anualmente se pierde, de manera ilegal, mediante actos de corrupción, terminando en manos privadas.

La Organización No Gubernamental (ONG), Transparencia Internacional (TI), publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción Global” luego de analizar a 183 países.

Nicaragua ocupa el puesto 152 y es catalogado como el país más corrupto de Centroamérica y 67 se encuentra en una situación “muy preocupante” por la permanencia del régimen Ortega-Murillo.

La corrupción gubernamental ha sido un síntoma visible de la degradación de la “nueva clase” en el poder. Con la aparición del dinero venezolano, sin ningún control, se dieron condiciones objetivas para el robo y saqueo en detrimento del pueblo y con el consiguiente beneficio de la clase dominante.

El dinero venezolano fue el aceite de la corrupción que permitió la estabilidad del gobierno en los últimos años al mantener su base social a través del clientelismo político.

El dinero venezolano ha tenido cuatro destinos principales: una pequeña parte a los sectores de escasos recursos con las políticas sociales clientelares; una tajada importante en la acumulación de capital de la familia presidencial; una tercera, en el enriquecimiento de la nueva clase y de las elites del Ejército y la Policía; por último, en favores a los empresarios aliados del régimen.

El dinero era tan abundante, para los niveles de la economía local, que la corrupción se tapaba con despilfarro en inversiones inútiles (los chayopalos).

Hay quienes se aprovecharon del dinero venezolano para tomar lo ajeno, para hacer negocios sucios y/o para enriquecerse. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), alertó a las instituciones financieras de los Estados Unidos sobre el riesgo, que viene creciendo, de que transiten o ingresen “fondos procedentes de la corrupción política de Nicaragua”.

La FinCEN advirtió que hay grandes posibilidades de que figuras extranjeras de “alto rango, vinculadas con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, podrían reaccionar al percibir la posibilidad de mayor conflicto social, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua u otros sitios”.

El aviso emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de FinCEN, también señaló que estos activos podrían ser el resultado de “maniobras de corrupción y podrían ser enviados a cuentas en los Estados Unidos o incorporarse a mecanismos de lavado de dinero empleando el sistema financiero estadounidense”.

Las instituciones financieras fueron llamadas a presentar “Informes de Actividades Sospechosas” (Suspicious Activity Reports, SARs por sus siglas en inglés), cuando identifiquen el posible uso indebido de fondos públicos nicaragüenses o fondos que podrían proceder de la corrupción política asociada con figuras políticas extranjeras de alto rango vinculadas con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Durante años, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su gobierno han celebrado elecciones fraudulentas, reprimido a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, y robado dinero de las arcas públicas”, manifestó Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro de los Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

“El régimen de Ortega en Nicaragua es represivo y corrupto, ha enriquecido de manera ilícita a sus miembros y colaboradores, robando y quitando a los ciudadanos nicaragüenses los recursos y el dinero que les pertenecen. A su vez, este régimen está perpetrando abusos de derechos humanos en respuesta a protestas ciudadanas”, expreso el director de FinCEN, Kenneth A. Blanco.

El 05 de octubre, la embajada de los Estados Unidos en Nicaragua divulgó un comunicado emitido por el área de prensa de la Casa Blanca donde señaló que el aviso emitido por la Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) “es una señal contundente de que el Gobierno del Presidente Donald J. Trump no tolerará el persistente uso indiscriminado de actos de violencia, tácticas represivas y corrupción por parte del régimen de Ortega, que han agravado la situación económica del pueblo de Nicaragua”.

Es por ello que “Estados Unidos insta a que se reestablezcan de manera pacífica la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”.

En los últimos años, la sociedad nicaragüense ha convivido, pacientemente, con conductas carentes de toda ética, con delitos de corrupción señalados, con el enriquecimiento inexplicable de funcionarios y empresarios.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Nuestro país no ha logrado avanzar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), la agenda de retos que debe guiar las políticas globales de desarrollo a cumplir en 2030 con la que el gobierno se comprometió en una cumbre celebrada en el 2015, y que incluye metas en materia de economía, empleo, industria, innovación, pobreza, salud, género, agua, energía, medio ambiente, cambio climático, paz y justicia, entre otras.

Resumen de los principales problemas económicos

El dominio de la política económica por los grandes capitales. Escasa inversión en el desarrollo industrial, científico y tecnológico. Nula industrialización de los productos agrícolas. Obstáculos en el acceso al crédito productivo a los pequeños y medianos propietarios.

Ausencia de una política para desarrollar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Bajos salarios y alto nivel empleo informal. Mano de obra no calificada para sostener un incremento sostenido del crecimiento.

Nicaragua tiene baja conectividad en internet. Ausencia de una política que regule la Inversión Extranjera Directa para que impacte en áreas claves del desarrollo. A pesar de tener recursos mineros, energéticos, hidráulicos, amplia diversidad, bosques y agua potable; estos recursos naturales son bienes comunes de todos los nicaragüenses han sido privatizados y usufructuados en beneficio de algunas empresas.

Resumen de los principales problemas sociales

En un escenario social muy difícil (y agravado por los gigantescos desaciertos de la política económica), Nicaragua sigue siendo uno de los países más desiguales de la región latinoamericana.

Existe una alta concentración de la riqueza. Existen altos niveles de pobreza y marginación social. La pobreza tiene un impacto negativo y duradero en la calidad de vida de las personas.

La salud como derecho humano esencial, está lejos de tener índices de calidad. La infraestructura hospitalaria y médica es insuficiente. La educación mantiene un atraso secular. La escolaridad en general (preescolar, primaria, secundaria y universitaria) sigue siendo baja y de baja calidad.

El acceso al empleo formal está vedado para miles de mujeres y hombres. Solo pueden acceder al empleo formal mal remuneradas.

La población con derecho a la seguridad social es limitada. Los recursos para mitigar los efectos nocivos del cambio climático son nulos.

No existe una política para evitar la destrucción de los bosques, la depredación del medio ambiente por la minería a cielo abierto y la desertificación de las zonas secas.

La contaminación de los ríos, lagunas, lagos y suelos se agravan, año tras año, como consecuencia de la falta del uso racional de los recursos naturales.

Todos estos elementos conducen al empobrecimiento y a la inseguridad de numerosos habitantes.

Sigue. Mañana: Escenarios, hacia dónde nos quiere llevar este régimen.

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