4 diciembre, 2020

Prevén que reforma a la Ley General de Aguas Nacionales tenga un uso político, su privatización y encarecimiento

Guillermo Cortés Domínguez (*)

 La dictadura reformó la Ley General de Aguas Nacionales “para privatizar los sistemas más rentables y convertirlos en un negocio puro y duro”, afirmó el doctor Ernesto Medina, para quien los servicios no rentables quedarán en manos del Estado y serán pésimos. Añadió que se perderá la posibilidad de que los más rentables subsidien a los menos generadores de ingresos pero que abastecen a amplios sectores de la población.

Por su parte, el cientista social Roberto Cajina aseguró que, como consecuencia de esta reforma a la Ley de Aguas, “habrá un encarecimiento del servicio y quizás escasez para el que no pueda pagar.” Para el médico William Abdalah “probablemente habrá un alza en la tarifa.”

El sociólogo Federico Coppens considera que esta reforma “abre la puerta para la privatización de la explotación de fuentes de agua y de sus redes de distribución, lo cual lleva obviamente a su encarecimiento.”

Medina, quien es químico, considera que el subsidio para los consumidores de agua potable de las zonas rurales “es una medida demagógica” y muestra desconocimiento de los diputados, porque la cobertura es bajísima y de pésima calidad, por lo que el problema no es tanto de costo sino de falta de acceso. Hizo ver que el acceso en los barrios pobres es deficiente y que requieren subsidio, sobre todo por razones de salud.

Limitarán acceso al agua potable que es un derecho humano

Se encarecerá este servicio de primera necesidad, que debe ser considerado como un derecho humano fundamental, señala Coppens, quien vislumbra que no se invertirá en redes de distribución en zonas urbanas marginales, ni se le garantizará el mismo mantenimiento que en las zonas dónde los usuarios son buenos pagadores. En conclusión, esta reforma “redundará en un incremento de la desigualdad social.”

El médico William Abdalah hace ver que la eliminación del subsidio estatal a los más pobres de las áreas urbanas no solo significará “un mazazo económico”, sino también “una afectación sanitaria”. Roberto Cajina tiene una palabra para describir las consecuencias de esta medida: “devastador”.

Por otro lado, el doctor Medina descartó que la reforma a la Ley de Aguas tenga como objetivo hacer que las grandes empresas con consumo industrial de agua paguen por el costo real. Más bien cree que estos empresarios serán parte de los nuevos negocios que generará los cambios a la ley.

Si se otorgaran licencias de aprovechamiento y operaciones a agentes económicos privados “es probable que signifique beneficios para esos grandes empresarios como subsidios o rebajas en la tarifa bajo el argumento de promover el desarrollo económico del país”, expresó Roberto José Cajina.

Se supone que los grandes empresarios que hacen un uso intensivo del agua, particularmente para riego en el sector agro-industrial, tendrán que pagar por el recurso, lo cual no es malo, afirma el sociólogo Federico Coppens, nos obstante, señala que “la malicia que caracteriza a este gobierno, y el claro enfoque recaudatorio de esta reforma, lleva a sospechar que prevalecerá la arbitrariedad en su implementación, utilizándola como mecanismo de represalia en contra de productores de la oposición.”

(*) Sondeo de opinión del Centro Nicaragüense de Análisis de la Opinión Pública, Cendaop.

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