8 marzo, 2021

Ortega juega con fuego y Nicaragua corre el mayor riesgo económico y financiero de su historia

Oscar-René Vargas

Nicaragua tiene una cultura política que lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. La consecuencia es que hay que navegar en un laberinto de signos culturales en los que uno se pierde fácilmente. Eso dificulta la comunicación, la toma de decisiones, el análisis de la coyuntura y la estrategia para alcanzar el poder.

En el año 2021, todo parece indicar que el régimen apuesta por incrementar la represión, evitar manifestaciones en el periodo electoral e impedir las protestas sociales. El costo político es mostrarse como un régimen abiertamente represivo, dejando de lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la matraca es brutal. El régimen mantiene la variante de la violencia y del estado de sitio de “facto”.

La ley 842 también nos señala el deseo de Ortega de someter al capital financiero y al gran capital a su voluntad política con el objetivo de disminuir su influencia en la sociedad, un factor más que permitiría mantenerse más allá del 2021. Ortega olvida donde hay dinero, hay poder.

No le importa cortar vías de comunicación con amplias capas de la sociedad y con el pequeño y mediano empresariado. La represión acelera su aislamiento internacional, incrementado su actual nivel de ostracismo. Prefiera la crisis a permitir la libertad de reunión, manifestación, etcétera; las cuales pueden generar protestas callejeras en el marco del proceso electoral.

Cree que si mantiene a los presos en las cárceles e incrementa su número va a paralizar más a los ciudadanos. Piensa que liberar a los presos políticos o bajar el nivel de represión sería una muestra de debilidad.

Ortega teme más que nada dar muestras de debilidad porque sería una señal que puede ser interpretada por los militares, policías y paramilitares de que el “jefe” está débil, y esto podría causar crisis y/o implosión en la elite gobernante y en su base social.

Calcula que la crisis con los banqueros será pasajera, la ley 842 tiene el objetivo de iniciar una negociación con el gran capital y el capital financiero local en condiciones ventajosas. La incógnita es qué sucede si los banqueros y el gran capital no entran a negociar con un revolver en la sien.

Si la intención de Ortega con la Ley 842 es disminuir el poder del capital en la ecuación de la política nacional, existe un riesgo que el tiro le puede salir por la culata. Ante la falta de un liderazgo social reconocido, Ortega ha creado las condiciones para que el capital financiero se pueda transformar en el foco de la resistencia al control total de la dictadura.

No creo que vaya a alterar su posición ni su estrategia solo por las sanciones a personas de su círculo íntimo de poder, para eso implementa la reforma a la Ley 842. Las medidas punitivas necesitarán, para ser efectivas para que produzcan, un cambio en la correlación de fuerzas, como, por ejemplo, la separación de Nicaragua del CAFTA y del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

La finalidad de Ortega es obligar al capital financiero para que gestione el levantamiento de las sanciones internacionales que lastran la economía personal, de su familia y de sus allegados, los cuales mantienen el control en la sombra de los inmensos y opacos negocios.

Las elites política y económica insisten que mejorar las relaciones con el régimen para garantizar sus intereses. Piensan que un nuevo pacto con Ortega ayudaría a amortiguar los enfrentamientos en los avisperos donde chocan. Al mismo tiempo, interpretan como peligroso una ruptura de lazos y un riesgo de quedar a merced del humor del dictador.

Ortega no ha dudado en utilizar la represión, el chantaje y el miedo como parte de su armamento político para someter al capital a sus intereses. Esa estrategia actitud no ayuda a reconstruir los puentes de entendimiento. Cada acercamiento de parte de algunos de los sectores del capital se ve frustrado por alguna tropelía o comportamiento errático del régimen.

Por otro lado, otra ventaja de Ortega es que conoce todos los beneficios recibidos por los empresarios, así como el esquema utilizado para recibir adjudicaciones amañadas en contratos o favores del Estado; es decir, Ortega puede señalar los actos de corrupción de algunos empresarios en cuestión, cuestionar las altas tasas de intereses bancarias y chantajearlos. ¿La reforma de la Ley 842 será el fin de la conveniencia entre Ortega y el capital financiero?

La corrupción la entendemos no sólo como generadora de un enorme boquete en la economía nacional por los ladrones del dinero público en detrimento de la gente, sino también como hacedora de arbitrariedades y complicidades que han hecho del país un territorio de la impunidad de los abusadores y los corruptos sin más leyes de las cúpulas en el poder.

La acción judicial, naturalmente, es fundamental para chantajearlos, pero no menos lo es la dimensión política del asunto. Ni la cúpula del régimen, ni los principales miembros del partido de gobierno ni la elite empresarial han sido renovadas desde el año 2007; es decir, los principales actores del pacto público-privado siguen en el puente de mando de sus respectivas organizaciones, por lo tanto, son sensibles a las presiones extrajudiciales, lo cual favorece a Ortega.

La oposición a la dictadura es abrumadora. No veo cómo Ortega va a poder cambiar esa correlación de fuerzas si no es a través del fraude y el sostenimiento del “estado de sitio de facto”. Tampoco lo veo abandonando el mando real voluntariamente. Ortega condena y reprime a quienes piensan diferentes.

La estrategia de Ortega es: si la oposición está dividida será débil y resultará cómoda mantenerla sometida; si la oposición permanece separada, se desprecian entre sí y será fácilmente doblegada. Una vez vencidos quedarán sometidos. Dejemos que luchen entre ellos.

Por eso Ortega utilizará el chantaje, la extorsión, el soborno, la intimidación, la violencia, la compra de voluntades y el entendimiento con los poderes fácticos políticos y económicos que le permita proclamar su victoria, independiente de la legitimidad del voto, para mantenerse en el poder. Al no lograrse un nuevo centro político, el país corre el peligro de encaminarse hacia una nueva dinastía.

Para cambiar la actual correlación de fuerzas es necesario construir alianzas políticas y sociales inéditas y amplias, concertar un bloque histórico buscando objetivos de interés común para construir contrapesos y un contrapoder de cara al poder dictatorial y conformar, de esa forma, un pacto sociopolítico que ponga en el centro de las demandas, la derrota de la dictadura.

Las demandas del grito de abril siguen vigentes: Democracia. No dictadura. Construir un contrapoder. Y, que los derechos humanos sean el centro de gravedad de la política nacional.

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