13 mayo, 2021

A tres años de la rebelión cívica: Las reformas fallidas a la seguridad social

Francisco Antonio Samper Blanco (*)

Este 18 y 19 de abril de 2021 se cumple el tercer aniversario de la gigantesca marea de la rebelión cívica ciudadana. Miles de estudiantes, campesinos, jubilados, pobladores de los barrios se lanzaron a las calles para exigir justicia y libertad. Dos días antes del monumental tsunami ciudadano, el régimen había aprobado la reforma al reglamento de la Ley de Seguridad Social, mediante la Resolución 318 del Consejo Directivo del INSS y ratificado por el Decreto Presidencial No. 03-2018, publicado en La Gaceta No. 72 del 18 de abril de 2018.

Ese decreto modificó el artículo 86 del Reglamento, a través del cual se estableció a todos los pensionados un aporte de 5% sobre el monto de su pensión. Es decir, si un jubilado tenía una pensión de C$6 mil córdobas, el jubilado debía de pagar C$300 córdobas. Las protestas no se hicieron esperar. El régimen mandó a sus turbas a apalear a los “jóvenes de experiencia acumulada” como les digo cariñosamente a mis colegas jubilados, lo que causó un repudio generalizado de la ciudadanía. Cuatro días después, el domingo 22 de abril, el dictador dio la orden de derogar el decreto, sin embargo, a esas alturas de los acontecimientos ya había un tumultuoso río de sangre de ciudadanos asesinados por policías y paramilitares.

El decreto en mención también reformaba los factores (artículo 85 del Reglamento) que se aplican para calcular las pensiones de vejez, invalidez e incapacidad permanente total, los cuales disminuían sustancialmente el monto de las pensiones. No obstante, debemos de aclarar que con el decreto No. 06-2019, publicado en La Gaceta No. 21 del 1 de febrero de 2019, la reforma fue más brutal, porque las cuantías de las pensiones de los futuros pensionados son muchos menores.

Veamos el asunto de las pensiones en blanco y negro. Tomemos un ejemplo de una persona con un salario promedio de C$15 mil córdobas con 1,300 semanas cotizadas y calculamos su pensión en los tres hipotéticos casos: a) antes de la reforma del decreto No. 06-2019; b) con el decreto derogado y c) actualmente con el decreto 06-2019.

Antes de la reformala pensión de esa persona correspondería a C$9,365.0 córdobas, equivalente a 62.43% de su salario promedio mensual.

Con la reforma fallida(Decreto 03.2018) hubiera correspondido a C$8,481.0 córdobas, o sea 9.45% menos que la pensión anterior; asimismo corresponde a 56.5% de salario.

Con el Decreto 06-2019, la pensión actual corresponde a C$6,318.0, o sea, 32.5% menor que la pensión antes de la reforma y apenas 42.1% de su salario.

Como podrá observarse, el Decreto 06-2019 fue mucho más odioso que el decreto de la reforma fallida, afectando sustancialmente los intereses de los futuros pensionados.  Es importante mencionar que el Decreto 06-2019 fue impuesto por la dictadura a sangre y fuego, después de que centenares de ciudadanos fueron asesinados y encarcelados y miles de exiliados, pero se cuidó de no afectar a los que ya estaban pensionados, se “olvidó” del famoso aporte del 5%.

Ahora bien, estas medidas paramétricas al INSS no resolvieron el problema de fondo del mismo, más bien se ha empeorado. Nuestra economía lleva tres años de decrecimiento por las medidas políticas y económicas desacertadas del régimen, lo que ha provocado que se hayan desafiliados 168,800 personas (de diciembre 2017 a febrero 2021) y persistan los graves déficits del INSS; solo en este año se proyecta un déficit de U$227.58 millones de dólares, según el Presupuesto General de la República 2021.

En realidad, buscar una solución duradera al INSS, solo es posible con el cambio drástico del modelo económico, que permita un desarrollo de la economía y una inversión sostenida de la educación y del capital humano, que conlleve a incrementar la productividad y por ende los ingresos de los trabajadores; no obstante, es necesario en primer lugar,  instaurar un Estado de Derecho que permita a la sociedad nicaragüense y a sus diferentes agentes económicos debatir de forma democrática y transparente la problemática y posibles soluciones al INSS.

(*) Economista y abogado

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