14 junio, 2021

El juego político de los generales con el régimen de Ortega y una oposición de dos cabezas

Foto de Confidencial / NM

Oscar-René Vargas

Desde el 2007, el régimen Ortega-Murillo, el gran capital y los militares han actuado unidos, mezclados en negocios financieros e inmobiliarios. Hasta la fecha subsiste una alianza militar-policial con la dictadura. De cara a las elecciones de noviembre de 2021, el problema central de Ortega es garantizar la continuidad del orteguismo con o sin Ortega.

Se conoce que el Ejército tiene inversiones en el extranjero, lo que no se conoce es el monto de esas inversiones, sus utilidades, cómo se utiliza esas ganancias y quiénes son los beneficiarios de los dividendos obtenidos. Punto muy sensible para la institución militar.

La actual generación líder del Ejército se formó en la década de los ochenta del siglo XX bajo la influencia cubana, soviética y de los países del pacto de Varsovia. Son personas ligadas a las ideas del “socialismo real” y fermentadas en una cultura conspirativa, autoritaria y con una visión de la política no democrática.

La hegemonía política del régimen Ortega-Murillo descansa en la alianza de tres actores principales: 1) el gran capital, los empresarios financieros nacionales y extranjeros. 2) la burguesía tradicional de los terratenientes, ganaderos, agronegocios, azucareros, etcétera. 3) la nueva oligarquía, incluyendo a los altos mandos militares y policiales. Es decir, el poder autoritario está basado en la triple alianza que han aceptado que la dictadura gobierne con represión y la militarización del país.

Cualquiera de los dos escenarios principales de salida de la crisis sociopolítica: el “orteguismo con o sin Ortega” requerirá de la abierta y/o tácita aprobación del Ejército, que es de facto la columna vertebral del poder; Ortega depende cada día más del juego político de los generales quienes han permitido y apoyado el accionar de la Policía, los paramilitares y del sistema judicial.

Los altos oficiales se consideran, irónicamente, predestinados a salvaguardar las “conquistas de la revolución de 1979”, las cuales no existen, y consideran que las elites civiles del país son incapaces de cumplir esta misión. Están dispuestos a no permitir una apertura democrática lenta y gradual que ponga en duda sus intereses económicos y su peso político en la sociedad nicaragüense.

En el horizonte, en su estrategia de poder, la cúpula militar apoya la posibilidad de implementar una “dictadura elegida democráticamente” o sea, un “orteguismo con Ortega” para permanecer en el vértice del poder. Después de todo, se jactan de su “regreso” activo al juego del poder se produjo con la elección de Ortega en el 2006, elección facilitada por el pacto Ortega-Montealegre.

Todo iba bien para la estrategia de la cúpula militar hasta que la rebelión de abril de 2018 llegó como un obstáculo para el poder autoritario y antidemocrático. Apostaron junto a Ortega-Murillo, que el movimiento social de abril de 2018 era un fenómeno social pasajero, que bastaba la represión indiscriminada para superar fácilmente las protestas sociales de los ciudadanos. En nombre de esa apuesta, participaron en la destrucción de las marchas, tranques y barricadas aportando armas de guerra, logística, inteligencia militar y miembros de las tropas especiales.

En la visión simplista y simplona de los generales, bastaba calificar la rebelión de abril de 2018 como un intento de “golpe de estado” para justificar su participación en la masacre de 2018 con el objetivo que todo se resolviera en el menor tiempo posible.

Con la apuesta equivocada, Ortega-Murillo y la cúpula de los generales se convirtieron en rehenes de su propio error, su táctica ha sido la negación y el silencio. Y, con la opción equivocada vinieron las sanciones de parte de Estados Unidos contra el Jefe del Ejército, general Avilés, y a otros altos militares.

Hoy, el país avanza rápidamente a repetir el escenario de 2007-2009, una alianza reformada entre el capital y la dictadura con el aval de los generales, la reelección del dictador y el ejército más comprometido con el modelo económico rentista y extractivista. Ellos están a favor de la estrategia del “orteguismo con o sin Ortega”.

Hoy, el ejército está en el banquillo de la opinión pública nacional e internacional señalado como el sostén principal de la dictadura en combinación de la Policía y los paramilitares; el ejército ha sido arrastrado por la cúpula de generales a una peligrosa situación que deslegitima la permanencia de la institución castrense y deteriora su relación con el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.

La cúpula militar está marcada como aliada de la dictadura, la aversión de la mayoría de la población a la dictadura se extiende parcialmente, por el momento, al cuerpo castrense. La sociedad nicaragüense comienza a cuestionarse de la importancia de su existencia que se expresa en la repulsión de su papel en la política represiva del régimen.

Algunos políticos de oposición tienen, todavía, miramientos a la hora de hablar de los líderes militares. La estrategia opositora que ha prevalecido ha sido, justamente, la noción de una idealizada restauración de lo que había antes de que Ortega llegará al poder y apuestan a las “inmensas reservas democráticas” de la “institución armada” con las que habrá que contar el día de la salida de la dictadura.

Los poderes fácticos, los que gozan de los privilegios del poder, quieren mantener el sistema político que los protege y les proporciona beneficios. Por eso no quieren cambiar nada. Para mejorar la calidad de vida de “los de abajo”, debemos derrotar el sistema político impuesto y sostenido por el régimen Ortega-Murillo y sus aliados.

Para lograr sinergia entre los distintos sectores de la oposición y facilitar una salida de la dictadura se requiere una lectura común de la coyuntura política que estamos viviendo. Sin embargo, por decirlo de forma elegante, la verdadera oposición es bicéfala: una cabeza es la oposición formal (CxL + Coalición Nacional); la otra es la lucha popular sin dirección que expresa el descontento acumulado por el 70 por ciento de la población. Para avanzar en la lucha contra la dictadura, se necesita que estas dos cabezas actúen de manera coordinadas y respetándose.

Paralelamente, la gran mayoría de la sociedad nicaragüense rechaza que el ejército tenga presencia activa en la represión de los ciudadanos en las zonas rurales, objeta que sea la columna vertebral de la dictadura y que no cumpla con el mandato constitucional de desarmar a los paramilitares. ¿Seguirá la cúpula militar hipotecando la legitimidad social y la existencia de la institución castrense manteniendo su apoyo al régimen Ortega-Murillo?

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