18 septiembre, 2021

Crisis diplomática y aislamiento internacional

Oscar René-Vargas

Tercera parte

El 1 de agosto de 2021, el Consejo de la Unión Europea impuso sanciones a otros 8 funcionarios orteguistas por ser responsables de “graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”. Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, celebró las sanciones impuestas.

El 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral (CSE) suspendió la personería jurídica al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Con la cancelación de su personería jurídica CxL se convierte en el tercer partido político anulado en pleno proceso electoral. Los otros partidos son: Partido Conservador y Partido de Restauración Democrática (PRD).

El 6 de agosto, el proyecto de Ley Renacer (Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las condiciones para la Reforma Electoral) fue aprobado por el Senado de los EEUU, ley que propone nuevas acciones para sancionar y presionar al régimen Ortega-Murillo con el fin que garantice elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Ahora falta su aprobación en el pleno de la Cámara de Representantes y la firma del presidente Biden para entrar en vigencia.

La Ley Renacer contempla la revisión de la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio DR-CAFTA, fundamental para el comercio exterior nicaragüense, ya que EEUU es su principal socio comercial porque absorbe el 60 por ciento de las exportaciones totales del país. También implicaría la pérdida de los beneficios fiscales y cuotas que otorga a los productos nicaragüenses, se perdería competitividad, se disminuirían millones de dólares en ingresos por exportaciones, se arriesgaría miles de empleos y descenderían las inversiones extranjeras.

Por ejemplo, en abril de 2021, operaban bajo el régimen de zona franca 189 empresas que generaban 120,110 empleos directos.

El 9 de agosto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que la decisión del régimen de despojar la personería jurídica al partido CxL “aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo” de cara a las elecciones del 07 de noviembre.

El régimen decidió llamar a consultas a sus embajadores en Costa Rica, Argentina, México y Colombia como medida de “reciprocidad” a las acciones tomadas por esos países desde finales de junio.

El presidente español, Pedro Sánchez, se pronunció y urgió al Estado de Nicaragua dotar a la autoridad electoral de independencia, imparcialidad y cero controles de parte del partido gobernante. También insta que “liberen sin demora a los actores políticos detenidos”, de igual manera devuelva la personalidad jurídica a los partidos políticos y organizaciones civiles de oposición y pide que detenga la represión contra la oposición y el hostigamiento a los medios de comunicación independientes.

La Coalición Nacional (CN) y la UNAB han rechazado el proceso electoral impuesto por el régimen de cara a noviembre próximo. Denunciaron que el actual proceso electoral no representa ninguna salida a la crisis sociopolítica, sino que, al contrario, significa una agudización de la misma al consolidar el régimen dictatorial.

Ante la petición de varios gobiernos de frenar la represión y permitir elecciones libres y transparentes, el régimen los ha tachado de “irrespetuosos, injerencistas e intervencionistas”. Los ataques han sido, principalmente, contra España, EEUU, Unión Europea y la OEA.

El Gobierno de Suiza sancionó a ocho funcionarios más de la dictadura Ortega-Murillo por el “persistente deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho” en Nicaragua. Las medidas adoptadas por Suiza consisten en la congelación de activos y prohibición de entrada o tránsito por el territorio helvético.

 

 

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