Nicaragua no es Venezuela

Mateo Cayetano Jarquín (*)

Evitar que Nicaragua sea la nueva Venezuela requiere entender las diferencias entre los dos países y el margen que hoy existe para una mediación internacional en la crisis nicaragüense.

Hasta hace poco, el régimen autoritario del presidente Daniel Ortega en Nicaragua lucía imperecedero. Esta ilusión se desvaneció en abril, cuando la población, anestesiada, se volcó masivamente contra Ortega y sus aspiraciones de perpetuarse, junto a su familia, en el poder. El impasse político creado por la gigantesca ola de protestas –y más aún por la brutal represión del régimen– ha derivado en una de las más graves crisis de derechos humanos en la historia reciente de América Latina.

Muchos se preguntan si Nicaragua seguirá el mismo camino que Venezuela, donde una crisis política y humanitaria se deteriora desde hace años a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional. Dada la estrecha relación entre estos dos países por su retórica política y supuesta adherencia a una visión del socialismo en Latinoamérica, y teniendo en cuenta la importancia de la crisis venezolana a nivel hemisférico, la pregunta es válida. Sin embargo, Nicaragua no es Venezuela.

El tipo de régimen autoritario forjado por la familia Ortega, así como el modelo político y económico en el que se basó, es diferente al “socialismo del siglo XXI” ­inaugurado por Hugo Chávez. Por ello, su crisis es distinta a la del gobierno del hoy presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y debería interpretarse en el contexto de sus particularidades. Además, debido a que Nicaragua no tiene la ubicación geográfica ni los recursos naturales de Venezuela, los riesgos de una prolongación de la crisis en el país centroamericano son únicos, como también son únicas las oportunidades para un papel positivo de la comunidad internacional.

¿Socialismo del siglo XXI?

El triunfo electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 2006 se conceptualizó, de manera equivocada, como parte de la llamada “marea rosa” de gobiernos de izquierda que barrieron el panorama electoral latinoamericano a mediados de esa década. En especial, se asoció a Ortega con los líderes populistas de los países agrupados en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) tras la incorporación de Nicaragua en 2007.

Sin embargo, mientras Chávez, Evo Morales y Rafael Correa llegaron al poder tras crear nuevas mayorías fundamentadas en el rechazo a sistemas partidistas estancados, Ortega no formó una nueva mayoría. Su victoria más bien resultó del atrincheramiento del sistema bipartidista existente en Nicaragua.

En 1999, el entonces líder opositor firmó un acuerdo con el presidente y caudillo del Partido Liberal, Arnoldo Alemán, bajo el cual el FSLN y su rival derechista ejercieron un duopolio de los poderes electorales y judiciales del Estado, bloqueando efectivamente la formación de terceras fuerzas. A cambio de protección judicial para Alemán, reformaron la ley electoral reduciendo al 35% el umbral para una victoria en primera vuelta. Este cambio permitió la victoria de Ortega en 2006, tras la división de la derecha, con un porcentaje del voto menor (38%) al que obtuvo en sus anteriores derrotas.

Más importante aún, en 2006 Ortega no planteó un programa político refundacional. De hecho, ni siquiera intentó reconstruir la coalición de trabajadores, intelectuales y burguesía progresista que apoyó al gobierno sandinista durante la década revolucionaria de los ochenta. En su lugar, el orteguismo construyó alianzas con sus antiguos enemigos contrarrevolucionarios en la élite empresarial y jerarquías religiosas del país.

A cambio del apoyo de los grandes grupos empresariales, Ortega profundizó el modelo neoliberal instaurado por gobiernos anteriores. Se implementaron políticas de conformidad con el Fondo Monetario Internacional (FMI), evitando cualquier intento de transformar la economía a nivel estructural mediante reformas agrarias o tributarias, o a través de la nacionalización de industrias claves.

La alineación con Venezuela ayudó a cimentar esta alianza, ya que el país suramericano se convirtió en un mercado preferencial para las exportaciones nicaragüenses, y la masiva cooperación bolivariana dio un estímulo adicional a una economía que entonces crecía por encima de la mayoría de sus vecinos centroamericanos.

Para acercarse a la Iglesia católica y las evangélicas, Ortega convirtió el FSLN –cuyos orígenes se encuentran en el marxismo-leninismo– en un partido cristiano. Como acto de fe, su gobierno enmendó las leyes para criminalizar el aborto terapéutico, derecho establecido casi siglo y medio antes. Las élites conservadoras brindaron su apoyo tácito al gobierno a cambio de estabilidad y políticas favorables a sus intereses, y esa estabilidad se pagó con la erosión de las instituciones democráticas.

Inmediatamente después de regresar al poder, el FSLN comenzó a manipular las elecciones, a acosar a la sociedad civil y a los medios independientes, y a reprimir cualquier manifestación callejera. Para eliminar los candados constitucionales a la reelección en las presidenciales de 2011, Ortega no realizó una consulta al pueblo, como lo hicieron Chávez y Morales, a través de un referéndum. Acudió al sistema judicial –que controlaba– y este resolvió que la Constitución, al no permitir la reelección, violentaba los derechos humanos del presidente.

Para las elecciones de 2016, Ortega –quien además de controlar el poder judicial y electoral había personalizado casi todas las instituciones del ejecutivo, incluyendo la policía nacional– dio el golpe de gracia, liquidando la presencia de la oposición en la Asamblea Nacional al no permitir que participara en los comicios.

A diferencia de cualquier gobierno autoritario en el continente, el de Nicaragua es sultanístico. El término, cómo describió el politólogo español Juan Linz, denota un autoritarismo donde existe una confusión entre intereses públicos y privados, donde el caudillo es omnipresente en todos los aspectos de la política, sin tener meta ideológica o programática alguna, más allá de mantenerse en el poder. Un buen ejemplo es la cooperación venezolana. Supuestamente establecida a nivel de Estados, Chávez autorizó a Ortega para que la misma –que totaliza casi 5.000 millones de dólares (40% del PIB de Nicaragua en 2017)– se gestionara al margen del presupuesto nacional, por compañías privadas que la familia Ortega controla.

Los regímenes sultanísticos, además, tienden hacia el poder familiar y las sucesiones dinásticas. En este sentido, el orteguismo también es único a nivel americano. En las elecciones de fachada de 2016, Ortega nombró vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo –quien ya ejercía como primera ministra de facto y cara más visible del gobierno– y por tanto sucesora inmediata a la presidencia. Casi todos sus hijos trabajan oficialmente como asesores especiales a la presidencia, y algunos han sido posicionados como futuros líderes del país.

En su sultanismo, y en el trueque fáustico de estabilidad por poder autoritario que ofreció a las élites, el orteguismo es una imitación fiel del proyecto político-familiar de los Somoza en el siglo XX. También ha padecido las mismas debilidades. Los regímenes sultanísticos, como ha escrito Linz, pocas veces garantizan la estabilidad duradera que proyectan hacia fuera.

Características de la crisis

Nadie pudo haber pronosticado que la crisis del orteguismo comenzaría en abril de 2018, con protestas en contra de recortes a la Seguridad Social. Pero como fue el caso del somocismo en 1978-79, la acumulación de corrupción, agravios sociales y represión política condujo a la población –sin tener la opción de acudir a las urnas– a tomar la calle.

Ortega, al igual que Somoza, reprimió violentamente el reto callejero, generándose una espiral de represión-protesta-represión. Aunque la violencia llegó por sorpresa, era inevitable al haberse cerrado todos los espacios democráticos de protesta.

Las manifestaciones comenzaron en Managua, pero se extendieron rápidamente a todo el país. Grupos estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de campesinos, sectores medios y gremios empresariales participaron en las protestas y en la destrucción de los carteles y símbolos de propaganda personalista de Ortega y Murillo.

Lo masivo de las revueltas y el carácter interclasista y plurisectorial lleva a una de dos conclusiones: o el FSLN perdió una porción extraordinaria de su base popular de un día para otro, o nunca tuvo el apoyo que pretendía.

Ortega también perdió sus alianzas entre las élites, pilar fundamental del régimen. A la cúpula empresarial poco le servía seguir con una colaboración basada en la promesa de estabilidad, cuando la represión había sumido el país en el caos. A raíz de la represión y el aumento del número de muertos, los obispos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, mediadores del diálogo nacional convocado por el gobierno para negociar una salida a la crisis, han asumido la posición de que la democratización, a través de elecciones anticipadas, es la única vía para garantizar una solución pacífica.

De este modo, se ha formado una amplia coalición en torno a la demanda de democratización. En Nicaragua no se está planteando un cambio de modelo económico o social. Los debates ideológicos y programáticos que tantas veces han dividido a la oposición venezolana no existen dentro de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, expresión formal de la coalición opositora que surgió en respuesta a la crisis.

Al encontrarse aislado, Ortega eligió el camino de la represión y descartó la posibilidad de elecciones anticipadas. Sin hacer concesiones, en los primeros meses recurrió a la Policía y fuerzas paramilitares para aterrorizar a la población y remover los cientos de barricadas y piquetes callejeros que han sido los principales instrumentos de protesta. El uso excesivo de la fuerza, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó unos 300 muertos en los primeros tres meses de la crisis. Teniendo en cuenta la población relativamente pequeña del país, se trata de uno de los peores casos de violencia estatal en Latinoamérica desde las transiciones democráticas de los ochenta.

Aunque Ortega logre recuperar cierto control territorial, difícilmente podrá seguir esta estrategia de forma indefinida. Primero, al abandonar la ideología y el programa izquierdista de reivindicaciones sociales de los años ochenta, el gobierno se quedó sin una base popular dispuesta a defenderlo de manera espontánea. Esta es una de las grandes diferencias con el caso venezolano, donde el proyecto populista de Chávez dio voz a grandes sectores previamente marginados de la población, algunos de los cuales apoyan ahora al gobierno de Maduro por miedo genuino a que su caída signifique el fin de los logros percibidos de la revolución bolivariana. Segundo, debido a que Ortega consolidó el modelo económico de libre mercado, el sector privado, ahora en contradicción con su régimen, tiene mayor margen de maniobra e incidencia en la economía que el empresariado venezolano.

Hasta ahora, el ejército no participa directamente en la represión, pero tampoco desarma a las fuerzas paramilitares. Su papel en el futuro será decisivo. Si se suma a la represión, podría aplastar la rebelión a corto plazo, pero intensificándola a la larga, porque las masacres y detenciones arbitrarias enfurecen a la población. Por el repudio popular que despertó la represión y por la ruptura total con las élites, en Nicaragua no hay perspectiva de gobernabilidad, estabilidad económica o paz social, mientras Ortega no abra paso a una transición democrática.

Mientras tanto, la economía se contraerá en 2018, atrofiando el ­desarrollo de un país que ya figura entre los más pobres y desiguales del hemisferio. Las pérdidas humanas y las violaciones de los derechos básicos seguirán incrementándose. Es difícil imaginar una guerra civil como la de 1979, cuando la competencia entre las grandes potencias y la polarización ideológica de la guerra fría llenaron de armas los países del tercer mundo. Sin embargo, existe el peligro de que algunos sectores de la población tomen armas y empeoren las consecuencias humanas de la crisis.

Riesgos para la región

América Latina tampoco está aislada de los efectos colaterales de lo que sucede en Nicaragua. Así como Somoza se presentó como aliado fiel de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo, Ortega ha proclamado su supuesto éxito en frenar el avance de las maras y los grupos narcotraficantes del llamado triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Sin embargo, Nicaragua ya era uno de los países más seguros de la región antes de 2006; al erosionar el Estado de Derecho y permitir una corrupción desenfrenada, Ortega ha aumentado el riesgo de penetración del crimen transnacional en el país. La anarquía creada por la crisis eleva aún más ese riesgo por lo que dichos grupos podrían extender su control territorial hacia el sur. Además, la inseguridad y el desastre económico podrían crear una crisis de refugiados que eventualmente afectaría a todos los países del istmo y los colindantes, como México e incluso EEUU.

Asimismo, está en juego el frágil desarrollo de los países centroamericanos. La inestabilidad en Nicaragua, por su ubicación en el centro del istmo, crea problemas para el tránsito de mercancías en una ­subregión con gran interdependencia económica por los acuerdos de integración y el tratado de libre comercio firmado con EEUU.

A ello se suma el riesgo político. En los años ochenta, los Acuerdos de Esquipulas pusieron fin a los conflictos político-militares e intervenciones extranjeras en Centroamérica, dando lugar al establecimiento de incipientes regímenes democráticos. Al igual que la “tercera ola” democratizadora fue contagiosa, el autoritarismo se podría propagar como un virus si dictadores como Ortega permanecen en el poder.

Opciones para la comunidad internacional

Por las particularidades políticas y geográficas de Nicaragua, existen condiciones únicas para una participación internacional en la solución de la crisis. Primero, será relativamente más fácil y rápido crear un consenso internacional en contra del régimen de Ortega que en Venezuela. Ya que Ortega no implementó ningún modelo de izquierda –e incluso, desde hace años fue abandonado por las figuras intelectuales y políticas más reconocidas de la Revolución Sandinista de los años ochenta–, pocos defenderán su gobierno por razones ideológicas, como ha quedado claro con la distancia asumida por organizaciones y personalidades de la izquierda internacional.

Este hecho, junto a la menguante incidencia venezolana en la geopolítica latinoamericana, ha permitido que en la Organización de Estados Americanos (OEA) se alcancen resoluciones contundentes sobre la situación nicaragüense. Además, Nicaragua no es un país petrolero, con las lealtades diplomáticas que desarrolló la geopolítica venezolana del petróleo. Tampoco es factor estratégico importante para grandes potencias como Rusia y China: el proyecto de construir en Nicaragua un nuevo canal transoceánico, propuesto por el grupo chino HKND en 2013, hoy no parece tener futuro. Por tanto, la economía nicaragüense es más vulnerable a las presiones externas.

La CIDH y el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) entienden que en Nicaragua no existe una confrontación militar entre dos grupos armados, sino la represión por parte del Estado de una población desarmada. Para una solución viable, la comunidad internacional debe enfocar la crisis nicaragüense desde este prisma. Cualquier mediación debe exigir al gobierno de Nicaragua el cese de la represión y el desarme de las fuerzas paramilitares. Cualquier presión debe ser multilateral; una acción unilateral por parte de EEUU podría crear desconfianza en la región y diluir el consenso alcanzado en la OEA. La experiencia de Esquipulas, e incluso el aislamiento internacional del régimen somocista en 1979, demuestran que el multilateralismo es efectivo en propiciar cambios democráticos.

La comparación con Venezuela será útil, siempre y cuando se reconozcan las diferencias entre Nicaragua y el país suramericano con las reservas petroleras más ricas del mundo, que le permitieron a Chávez intentar un programa de transformación radical. Si hay alguna lección útil del caso venezolano es que sin acción internacional efectiva, la crisis –por muy diferente que sea– podría enquistarse. También Ortega podría seguir la estrategia de Maduro, y convertir los diálogos internacionales en trampas, para ganar tiempo.

No obstante, conviene tener presente que el desarrollo histórico-político de Nicaragua ha sido diferente al del resto de países latinoamericanos, y esas particularidades son fundamentales para comprender las características claves, los riesgos internacionales y las posibles soluciones a esta crisis. Dicho de otra manera, si la comunidad internacional quiere evitar que la crisis nicaragüense se convierta en “la próxima Venezuela,” primero hay que entender que Nicaragua no es Venezuela.

(*) Nicaragüense, BA en Historia del Grinnell College. Candidato al doctorado en el Departamento de Historia, está particularmente interesado en los movimientos revolucionarios, las relaciones internacionales y la historia de las agendas de desarrollo en América Latina durante la Guerra Fría.

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One thought on “Nicaragua no es Venezuela

  1. La estrategia de perpetuación de Ortega, basado en la Tiranía de Fidel Castro, dejó de ser potencial. Debido a la caída del “Socialismo”; La necesidad social de empoderar el multilateralismo, tras el fin de la guerra fría; la necesidad de crecer en democracia. Dado que el militarismo pasa a segundo plano, la imposición se muta al populismo y el replanteamiento de causas, Y se convierte a “cristiano”. La ganancia del populismo se ve diezmada por el binomio “bozal y demagogia”. Algunas frases populares como: “El pueblo no olvida”, en su condición aplicada a casi todas las esferas inmediatas de la cotidianidad, son cuños de dignidad popular que clavarán la caja y la tumba de un régimen que no comprendió a su pueblo, por pensar únicamente en sí mismo.

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