Suficientes razones para refundar la República

Uno de los pocos símbolos que representan al Estado de Nicaragua.

Henry Petrie

Debemos recuperar el Estado de Nicaragua. Los poderes y las instituciones deben ser liberadas para que cumplan sus funciones, que rindan cuentas al pueblo. Desde ya, asoma una nueva cultura política nacional, que ha de dignificar al empleado público y poner en alto relieve las libertades y los derechos humanos. Hay que acabar con todo vestigio de servidumbre o neo esclavitud. El estado botín y la apropiación partidaria de las instituciones deben desaparecer.  

Los empleados del estado son servidores públicos, que en el futuro deberán responder a una ética profesional y de servicio durante el período de su ejercicio, al margen del credo político y religioso, de su cultura y procedencia étnica, de sus opciones sexuales. La violación de los derechos humanos en las mismas instituciones del estado, se extiende al pueblo mediante la pésima calidad de los servicios y el maltrato al ciudadano.

En la actualidad, existen tres estatus de empleados: los militantes probados y fieles al dictador, con responsabilidades de alta confiabilidad; los militantes bases, a quienes sus jefes llaman kaibiles, y el personal que se moviliza a donde se les orienta, para defender el puesto de trabajo; últimamente, se les ha obligado a firmar una ficha de militancia del FSLN.

Andrea y Calixto constituyen un matrimonio, cuyo noviazgo empezó en el penúltimo año de sus estudios en la Universidad Centroamericana. Se casaron poco tiempo después de sus graduaciones, en el año 2004. Cuentan con trece años de experiencia profesional, ambos trabajaban para diferentes instituciones del estado. Ella, psicóloga; él, sociólogo. Se ubicaban en el tercer grupo de empleados descrito antes.

Ambos, en sus respectivos espacios laborales, recibieron amonestaciones y hasta amenazas de despidos por expresar sus incomodidades frente a las presiones de sus jefes. Las comisarías del FSLN no respetan profesionalismo ni dignidad personal; sus actuaciones, según afirman con altisonantes palabras, se sustentan en el supuesto agradecimiento que los empleados del gobierno deben al líder de su partido.

«Ustedes deben sus puestos de trabajo al comandante», es lo que dicen. Para ellos no son personas, menos profesionales ni técnicos, sino sirvientes del régimen, «porque el Estado, el partido y la revolución es el comandante Ortega», pregonan entre cubículos y oficinas. Queda claro, pues, que el Estado de Nicaragua no existe, no hay república. Todo, en cuanto a instituciones se refiere, es propiedad del dictador y de su camarilla partidaria.  

Cinco semanas atrás, a Calixto le ordenaron acompañar, en calidad de retaguardia, a una caravana de Hilux con paramilitares, en supuesta misión institucional. «Hay que defender la revolución», le dijeron. Él no aceptó y se rebeló: «No tengo nada que ver con armados. Soy un profesional, un servidor público», respondió. En el mismo parqueo de donde saldrían, lo apresaron y golpearon acusándolo de «traidor», «malagradecido» y «golpista». Se lo llevaron y lo dejaron sin dinero, a eso de las tres de la tarde, dos kilómetros después de la zona franca rumbo a Tipitapa.

Lo acusaron de golpista, por negarse a cumplir una orden que nada tenía que ver con sus obligaciones laborales, y reñida con su ética profesional. Era un servidor público, no matón de nadie, menos paramilitar.

Andrea, por su parte, había cumplido con más de doce marchas obligadas, las que no pudo evadir. También «rotondeó» bajo sol y la estricta vigilancia de un superior que pasaba asistencia. La misma tarde que agredieron a Calixto, después de ocho horas de denigrante participación en caravanas intimidatorias, llegó a su casa muy cansada, llevándose la sorpresa de encontrar a su esposo con las señas de la golpiza sufrida.

Llamaron a un médico amigo para que atendiera las lesiones de Calixto, y, esa misma noche, se dirigieron a la casa de familiares en las afueras de Managua, huyendo. Tomaron la decisión y a partir del día siguiente, comenzaron gestiones para salir hacia Costa Rica con sus dos hijos, donde se encuentran.

Existen otros casos como el de Andrea y Calixto, que aún permanecen en el silencio. Varios han sido despedidos; otros, sencillamente, ya no se presentaron a sus puestos de trabajo. Un importante porcentaje resiste, defienden sus empleos hasta donde les sea posible, aunque sea un ángulo ingrato de esta lucha cívica.

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