Luis FelipeLa sanción al general Mojica
Cuando el exjefe del Ejército de Nicaragua Joaquín Cuadra fundó el movimiento político Unidad Nacional, con el que pretendía aspirar a la Presidencia en las elecciones de noviembre de 2001, que ganó el liberal-conservador Enrique Bolaños, un alto mando me confió que esa decisión había causado daño a la credibilidad, al profesionalismo y a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que, según la Constitución, es un cuerpo de carácter profesional, apartidista, apolítico, obediente y no deliberante.
Los militares, tras la derrota electoral de los sandinistas en 1990, cuidaban son celo su carácter profesional, su apartidismo y su apoliticidad, procuraban ser obedientes al poder civil basados en la Constitución y las leyes, guardaban distancia del FSLN y cualquier otro partido político, y si bien deliberaban en público guardaban la compostura, y de esa forma se convirtieron en la institución con mayor credibilidad de Nicaragua.
El retorno del sandinista Daniel Ortega al poder en 2007 fue una prueba de fuego para un alto mando que desde su fundación, el 2 de septiembre de 1979, primero como Ejercito Popular Sandinista, y desde 1994 como Ejército de Nicaragua, ha sido dirigido por destacados exguerrilleros sandinistas.
El primer jefe militar fue Humberto Ortega, hermano del actual gobernante, que dirigió las tropas desde 1979 hasta 1995.
Lo siguieron, por períodos de cinco años, Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Moisés Omar Halleslevens.
Entonces, en tiempos de Halleslevens, el presidente Ortega comenzó a recordar y remarcar el origen sandinista del Ejército y de la Policía, a seducir al alto mando, a ubicar a militares retirados en importantes cargos públicos. Eran tiempo de vacas gordas, de la chequera petrolera de Hugo Chávez.
Fue en ese tiempo de bonanza que el Ejército calló sobre un fallo emitido por la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró el 19 de octubre de 2009 inaplicable el artículo 147 de la Carta Magna, que impedía la reelección continua de un presidente y limitaba a dos el número máximo de mandatos. Es decir, el doble candado que tenía Ortega para reelegirse en los comicios de noviembre de 2011.
El Ejército, a diferencia de cuando Joaquín Cuadra intentó aspirar a la Presidencia en 2001, ahora veía como Halleslevens, que había entregado el mando en 2010, se convertía en el compañero de fórmula de Ortega en las elecciones de noviembre de 2011.
El Ejército, también de la mano de Ortega, rompió además con su tradición de mando cuando inesperadamente mandó a retiro al jefe del Estado Mayor, mayor general Óscar Balladares, que estaba llamado a ser el nuevo Comandante en Jefe de las FF.AA. a partir de 2015.
A Balladares lo reemplazó precisamente el mayor general en retiro y actual ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica, sancionado la semana pasada por Estados Unidos y, de ipegüe, por Canadá.
Mojica, que hasta mayo de 2017 era el número 2 en la cadena de mando militar, fue nombrado en diciembre de 2013 jefe del Estado Mayor del Ejército por el mismo general Julio César Avilés, que a diferencia de sus antecesores se ha mantenido en el cargo por más de cinco años (nueve, para ser exacto).
Mojica, fundador del EPS y jefe del Instituto de Previsión Social Militar, el brazo financiero del Ejército, fue presentado el 18 de julio de 2018 en canal 4 como un militante sandinista y casi como uno de los estrategas de la llamada "Operación Limpieza".
Entonces afirmó, entre otras cosas, que el Gobierno de Ortega era víctima de un "golpe suave", que se crearon 70.000 cuentas falsas de Twitter y Facebook operadas desde el exterior desde 2014, que ONGs -justo a las que les retiraron su personería jurídica- venían "haciendo un trabajo desde hace varios años" contra el Gobierno, que el país era "objetivo" de los carteles colombianos y mexicanos de la droga, y acusó a "un sector importante de la Iglesia Católica, que se suma a esto, y encabeza en alguna medida las acciones violentas y terroristas contra la población nicaragüense".
Mientras se declaraba satisfecho de la estrategia que permitió desmantelar "centenares de tranques por todo el país, a un costo verdaderamente razonable", aseguraba que "muchos militantes sandinistas estábamos dispuestos a ofrendar nuevamente nuestra vida en un momento delicado como ese, y hacer todo lo que fuese necesario para resolver este asunto como sabemos hacerlo, como lo hemos hecho históricamente".
Según EE.UU., Mojica promovió la estrategia de "exilio, cárcel o muerte" para silenciar a la oposición, y que administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, incluidas inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros.
La sanción que Estados Unidos impuso a Mojica es un mensaje para el alto mando militar, para los activos y los retirados.
En su artículo "Un mensaje urgente para el Ejército", publicado en la revista Envío y el periódico digital Confidencial, el experto en temas de seguridad Roberto Cajina revelaba que en Washington circula información sobre nombres individuales e instituciones para ser incluidos en la lista de sancionados.
Entre otros, según Cajina, se mencionan a los tres miembros de la Comandancia General, a los jefes de la Dirección de Información para la Defensa y de Finanzas, al director ejecutivo del IPSM, al IPSM mismo como institución, y al mayor general en retiro Denis Membreño, jefe de la Unidad de Análisis Financiero.
Con la sanción a Mojica, es posible que Washington busque que el Ejército, que tiene millonarias inversiones en la bolsa de valores de Wall Street, en bonos del Tesoro de Estados Unidos, entre otros, presione o persuada a Ortega a buscar una salida pragmática a la crisis, que para EE.UU. pasa por adelantar las elecciones y reformar el sistema electoral, a lo que el FSLN, por ahora, no está dispuesto a ceder.
